¹  Nuevo mundo y conquista, en México en la obra de Octavio Paz, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 83.

² Como recordamos, el artículo 27 constitucional en su fracción I consagra la doctrina Calvo al establecer: «l. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanos tienen el derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos: bajo la pena en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo… «(el subrayado es mío).

³ Recordemos la parte final de la fracción I del artículo 27 constitucional que se refiere a este concepto: «En una franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas».

⁴ Por mencionar sólo un número: hasta 1978 México había ratificado únicamente dos convenciones relaciona­ das con la disciplina (el protocolo de poderes de Washington y la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución  de sentencias  arbitrales  extranjeras);  hoy, 19  años después,  tiene más de 60 convenciones internacionales ratificadas en la materia, incluidas las de doble imposición internacional.

⁵ En una publicación que hice en Holanda en 1985 de un curso impartido en ese país, intenté demostrar cómo dentro del panorama territorialista del derecho internacional privado en América Latina, el «territorialismo absoluto» de México, como en aquella ocasión lo llamé, representaba un sistema absurdo e inexplicable frente a los grandes desarrollos internacionales del mundo de esa época y expresé las razones por las cuales ese sistema debía cambiar radicalmente. Véase «La tradition territorialiste en droit international privé dans les pays d’Amerique Latine», en Recuei/s des Cours de l’Academie de Droit lnternational del ‘Haye,. Ed. Martinus Nijhoff Publ., Dordrech, Holanda, 1985, t.!, pp. 274 y ss. Un estudio sistemático sobre el territoria­ lismo mexicano que contribuyó sustancialmente para el cambio del sistema lo habría intentado en 1977 con la obra Derecho internacional privado, notas sobre el principio territorialista y el sistema de conflictos en el Derecho mexicano,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1977.

⁶ Los más de 60 tratados internacionales ratificados por México, incluyidos los relativos a doble imposición internacional, que vía el artículo 133 constitucional constituyen derecho positivo en México.

⁷ Es el Título Cuarto del Código de Comercio que recogió la Ley Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial.

⁸ Entre los varios ejemplos que se pudieran citar está el caso, en materia familiar, del cambio de la adopción semiplena a la adopción plena en las legislaciones de los estados de México y de Hidalgo y el proyecto correspondiente para el Distrito Federal. En materia procesal, las nuevas disposiciones en materia de competencia judicial internacional, reconocimiento de sentencias extranjeras y cooperación judicial internacional, etcétera.

⁹ Aunque en realidad, la tendencia es hacia dejar fuera de materia tanto el tema de la nacionalidad como el de la condición jurídica de los extranjeros, tal como se aprecia en el plan de estudios de la Universidad Iberoa­mericana en los años ochenta, y en el cambio de planes y programas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 1993, que seguramente serán seguidos por otras universidades al interior del país.

¹⁰ Campbell, J., The hero with a thousand faces,  Audio Renaissance Tapes, Los Ángeles, 1989.

¹¹ Sorel, G., Rejlexiens sur la vio/anee, París, 1907, citado por Kahn, P., en Cahiers lntemationaw: de Sociologie, París, 1969, pp. 27-46.

¹² Este periodo lo tomo a partir de la Constitución de 1917 a 1986, que fue cuando se gestó la apertura económica.

¹³ Cuando me refiero a un país casi cerrado al comercio internacional, no desconozco la amplia participación de la exportación petrolera en la balanza comercial; en realidad esta participación en el comercio internacional fue creciente y siempre desarrollada por un ente del Estado (Petroleas Mexicanos), que no trascendió a otros ámbitos de la economía para propiciar una cultura de exportación. También me refiero, al emplear el término casi cerrado, al hecho de que la política económica estuvo basada, como ya lo he mencionado, en un modelo de sustitución de importaciones, sin que esto produjera un impacto en la actitud que debe tener una industria nacional enfocada hacia la exportación, y todo esto se reflejó en un derecho con vocación territorial.

¹⁴ De acuerdo con el protocolo de adhesión firmado por México en 1985, la desgravación arancelaria en el 85% de los productos de importación debería quedar concluida dentro de los tres años siguientes a la firma de dicho protocolo, o sea en 1988.

¹⁵ Me refiero a un periodo de 15 años partiendo del punto de referencia de las reformas constitucionales llevadas  a cabo por el Presidente Miguel de la Madrid en 1982, las que para muchos fue el inicio del cambio de modelo económico que se ha aplicado hasta la actualidad, incluida en 1985 la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio que contribuyó a acelerar la aplicación del nuevo modelo económico que de forma general ha sido descrito como «neoliberal», aunque en realidad se trate de una connotación genérica y, por tanto, vaga. Véase la nota 24.

¹⁶ Efectivamente, la última oportunidad que México tuvo de adherirse al GATI fue con motivo de la Ronda Tokio y el proyecto de protocolo de adhesión que se negoció hasta 1979 y en el que se le otorgaba a México un plazo de 12 años para su desgravación arancelaria. Sobre este particular véase Peñaloza Webb, T. La adhesión de México al GATT, en Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio  Exterior, vol. 35. núm. 12, diciembre de 1985, pp. 1160 y ss.

¹⁷ En el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Miguel de la Madrid se definió la estrategia económica y social y se identificaron los problemas de coyuntura y estructurales. En el Programa Nacional de Fomento, Industrial y Comercio Exterior se confirmó la estrategia de comercio exterior y fomento industrial y se estableció un vínculo de causa-efecto entre el modelo de sustitución de importaciones a ultranza y el desequilibrio entre desarrollo  industrial  y el comercio  exterior.  En dicho plan, por otro lado, se indican  los desequilibrios derivados del proteccionismo y el afán de querer solucionar los problemas de balanza de pagos con políticas macroeconómicas diversas del comercio internacional. Véanse comentarios en Peñaloza Webb. T. op. cit.. pp. 1163 y ss.

18 En un trabajo relativamente reciente, Carlota Pérez -investigadora en asuntos económicos internacionales­ sostiene: «La industrialización  por sustitución de importaciones, aplicada como estrategia de desarrollo pre­ dominante en América  Latina,  desde los años cincuenta hasta los ochenta, fue mucho más que una política gubernamental. De modo gradual el modelo se fue convirtiendo en un conjunto perfectamente coherente de conductas. conceptos y prácticas que incluían a empresas, trabajadores, gobierno, bancos, consumidores, po­ líticos, etc., y fue cristalizando en instituciones que se reforzaban mutuamente … (y éste) … legado ideológi­ co y de actitudes es el obstáculo más poderoso a la asimilación de las tecnologías y prácticas de gerencia modernas que determinan la competitividad en el nuevo entorno internacional. La modernización industrial en América Latina y la herencia de la sustitución de importaciones. en Comercio Exterior,. vol. 46, Núm 5, mayo de 1996, Banco Nacional de Comercio  Exterior,  p. 347.

¹⁹ Porque la estrategia de desarrollo sustentada en la sustitución de importaciones se había agotado, provocando graves costos económicos y sociales y sólo quedaba la opción de incrementar las exportaciones no petroleras y la sustitución selectiva y eficiente de importaciones.

²⁰ «De 1982 a 1988 México transfirió, en promedio anual, poco más del 5% de su producto y en el mismo periodo el PIB real per cápita cayó 10%. Luego de algunos años de administrar la crisis de la deuda con base en el ajuste ortodoxo y de una gran fatiga social, la imposibilidad de hacer compatibles el cumplimiento de los compromisos externos con el crecimiento, condujo al gobierno mexicano a emprender un profundo cambio estructural de la economía durante la segunda mitad del decenio de los ochenta, Lecuona. Ramón, Reforma estructural, movimientos de capital y comercio exterior en México. en Comercio Exterior, vol. 46, núm. 2, febrero de 1996, Banco Nacional de Comercio Exterior, p. 87.

²¹ El modelo socialista de algunos países europeos del norte es inaplicable en México por las diferentes condiciones de dichos países. El modelo de desarrollo autónomo con relaciones restringidas hacia el exterior practicado por Cuba ha sido un fracaso. lo mismo el modelo impuesto en Corca del Norte.

²² La primera contestación empírica de la bondad del nuevo modelo económico se dio de diciembre de 1994 a noviembre de 1996, periodo en el cual, por la crisis económica que vivió la economía mexicana, el PIB cayó hasta menos cinco puntos; sin embargo, las industrias y los sectores dirigidos a la exportación fueron poco afectados y en la mayoría de los casos tuvieron crecimiento real. Estos mismos sectores fueron los motores que sacaron a México de la crisis en un periodo relativamente corto, ya que en el primer trimestre de 1997 la economía mexicana volvió a crecer por encima del 5% del PIB.

²³ Se trata de un cambio cuya profundidad debe ir más allá de la sola estructura del Estado, ya que en él debe participar activamente la sociedad mexicana adquiriendo un grado de compromiso no alcanzado hasta ahora. El cambio de las reglas de participación política apuntan en ese sentido, pero al mismo tiempo tienen como límite la decreciente credibilidad en los partidos políticos, por lo que el compromiso debe surgir y extender­ se al nivel de la participación general de la sociedad civil.

²⁴ En este sentido, véanse dos libros que publiqué como compilador Reformas constitucionales de la renovación nacional, Porrúa, México,  1987; y Reformas constitucionales y modernidad ‘nacional, Porrúa, México, 1992.

²⁵ No implico de ninguna manera la dilución del Estado sino su concentración en las tareas que le son propias y que debe desarrollar con la máxima eficacia posible. En el caso del Estado mexicano están las tareas en materia de educación, con especial énfasis en la elevación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria, el desarrollo de una más an1plia y mejor infraestructura. la modernización de la administración de justicia, mayor calidad en los servicios de salud y la promoción de un nivel mínimo de nutrición para todos los mexicanos. En este sentido consultar las conclusiones del «Seminario internacional, estrategias económicas para el nuevo milenio: globalización con sentido social», organizado por la Fundación Colosio, A.C. (Ciu­ dad de México 8 y 9 de mayo de 1997).

²⁶ En un reportaje reciente se analizó esta situación y se dieron datos interesantes entre los cuales se afirma que el 65% de la población mexicana tiene menos de 30 años y que se trata precisamente del segmento poblacional que mayores problemas enfrenta para conseguir trabajo lo cual provoca, entre otras cosas que entre los jóvenes de 18 a 24 años que son ya la fuerza electoral más importante sólo el 1% crea en el gobierno. Padgett, Tim, «The Nafta generation», en Time, Abril 14 de 1997, pp. 36 y ss. Aunado a que existe una crisis de autoridad que seguramente va a modificar las bases de lo que conocemos por la democracia actual y que ya se empieza a gestar en otros países, en este sentido, un reportaje recién publicado en Francia en el que, entre otras cosas se dice que el punto de cambio para esa nueva dimensión está en el individuo mismo que en la actualidad se constituye en «un centro formado, educada, competente; las tecnologías le dan cada vez más la oportunidad para pasar por encima de las jerarquías y le abren a la vez el espacio y el tiempo y lo ubican más en condiciones de igualdad y de libertad». Schemla Elisabeth, «La crise du pouvoir et de la autorité», en l ‘Express, 20 de marzo de 1997, pp. 46 y ss.

²⁷ En efecto, la repercusión interna se ha dejado sentir lo mismo en temas de familia, como es el caso de la adopción plena, que ya ha sido admitida por varias legislaciones estatales y que ahora está en proyecto para el Distrito Federal, como en materia procesal, en donde ha habido una renovación normativa e incluso se han creado sendos temas relativos a la cooperación judicial internacional. El profesor Stephen Zamora afirma que los modelos legales de una economía dominante como es la estadounidense han empezado a ser co­ piados por México, lo que significará un cambio sustantivo en el derecho mexicano en general. Entre los ejemplos que el profesor Zamora sei’lala se encuentran las áreas de protección del medio ambiente y la protección de la propiedad industrial, y yo agregaría la de competencia económica y de las telecomunicaciones, por mencionar a las más relevantes. En este sentido véase Zamora, S., The americanization of Mexican Law: Non-Trade issues in North American Free Trade Agreement, en law and Policy in /ntemational Busi­ ness; Georgetown University Law Center, vol. 24, núm. 2, invierno de 1993, pp. 391 y ss.

²⁸ Para una explicación más amplia sobre lo que llamo «la soberanía y su nueva dimensión», véase Pereznieto C., L., El artículo 133 constitucional: una reelectura, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana núm. 25, 1995-11, pp. 284 y ss.

²⁹ Jellinek describió al Estado, todavía a principios de siglo, como la unidad diferenciada y reafirmatoria del poder estatal «que no reconoce ningún otro superior a sí; (y) es por consiguiente, el poder supremo e independiente». Teoría general del Estado, Albatros, Buenos Aires, 1943 (traducción y prólogo a la 2ª  ed. ale­ mana, de Femando de los Ríos), p. 387.

³⁰ Barry,  B.H. y J.E. Schwartz, Dimensions of political integration and the experience of the European Community, en Jnternational Studies Quaterly, 16, núm. 3, septiembre de 1972, pp. 263 y sigs; Joliet, R., Le droit instilutionel des communautés Européenes, Univ.  de Lieja, Bélgica,  1986, y Labouz, M.F., Le systéme communailaire européen, Berger-Lavravet, París, 1986, entre otros.

³¹ El más significativo ha sido el Tratado de Maastricht,  que crea la Unión Europea en donde los estados nacionales ceden derechos en materias anteriormente reservadas a las soberanías nacionales corno es el caso de una banca y moneda únicas, política exterior y en todo aquello que afecte a la Unión, coordinación de ejércitos nacionales para acciones en el exterior, etcétera.

³² El concepto de «mutua cesión de funciones» que utilizo no significa  que el ceder funciones constituya una afectación a la soberanía estatal, se trata en todo caso de un ejercicio de coordinación de actividades entre estados y de la definición de la naturaleza de esas funciones, a la luz de una nueva realidad internacional. En este sentido, los tratados de libre comercio constituyen políticas económicas y comerciales  de vinculación en las que, por la amplitud de las obligaciones que se contraen, requieren de esa «cesión de funciones» y que, en todo caso, no son las funciones básicas del Estado. Sobre este particular véase «El artículo  133 constitucional: una reelectura». op. cit., pp. 269 y ss.

³³ Por ejemplo, los diversos «convenios de intención» firmados con el Fondo Monetario Internacional en los cuales México se ha obligado a sujetar sus planes y programas de gobierno a lo acordado con dicho organismo internacional  como requisito para acceder, en diferentes momentos, al financiamiento internacional. Para una consulta del «Convenio  del Gobierno de México con el Fondo Monetario Internacional» véase Comercio Exterior, vol. 39, núm. 4, abril de 1989, Banco Nacional de Comercio Exterior,  pp. 355 y ss., convenio en el que se describen las políticas  macroeconómicas  que México  se compromete a seguir frente al FMI para la estabilización de su economía.

³⁴ En su obra clásica Politics among narions,  cd. A.A. Knop F.Nueva York, 1948. Hay una traducción al español a la 7′ edición de esta obra. de 1985, Política entre las Naciones. la lucha por el poder y la paz, Grupo Editor Latinoamericano. Cukcción  Estudios Internacionales. Buenos Aires, 1986, (traducción de Herber W. Olivera).

³⁵ Gil Villegas, Francisco, La soberanía de México ante el reto de la globalización y la interdependencia, en Relaciones  Internacionales. núm. 62. Abril – junio de  1994, Centro de Relaciones Internacionales  de la UNAM, México, p. 45.

³⁶ Entre otras, se puede citar como ejemplo la obligación que México adquirió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conforme a la cual se obliga antes de legislar internamente sobre materias que pudiesen afectar al tratado y no obstante que sean de su soberanía interna. a consultar previamente a sus contrapartes en dicho tratado (artículo 2006).

³⁷  Sobre el particular,  véase «El artículo 133 constitucional: una reelectura… «, op. cit., pp. 285 y ss.

³⁸ En sentido me refiero al Jus cogens que, aceptado hoy en día por la casi totalidad de las naciones, significa el nivel de integración alcanzado por las diversas sociedades en el mundo conforme al cual, éstas han establecido en sus sistemas jurídicos los valores mínimos necesarios para el mantenimiento de la comunidad internacional. Idea que quedó definida desde la Conferencia de Derecho Internacional de Lagonissi, Grecia celebrada en abril de 1966. Sobre el particular, véase: The concept  ofJus Cogens in lnternational Law, Ed. European Centre, Ginebra, 1967 (papers and proceedings).

³⁹ Un ejemplo reciente es la cláusula política y de respeto a los derechos humanos que México finalmente aceptó negociar con la Unión Europea para la firma del Tratado de Libre Comercio. Conforme a esa cláusu­la, existirá una responsabilidad del Estado mexicano frente a la Unión Europea por afectaciones que el Esta­ do pueda hacer de la persona y de los bienes de residentes de esa Unión e incluso de sus propios nacionales. Este tipo de responsabilidad ya existe en los capítulos 11 y 14 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

⁴⁰ Aunque en realidad disposiciones corno el artículo I O de la Ley de Inversiones Extranjeras han dejado, sin efecto en la práctica, a la Cláusula Calvo:

«Artículo  10. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos,  las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional.

En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 constitucional, se estará a lo siguiente:

1. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquel en el que se realice la adquisición, y
2. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida, que sean destinados a fines residenciales, de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente.

Artículo 10 A. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretarla de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud.

Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los treinta días hábi­les siguientes a la fecha de su presentación.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicará en el Diario Oficial de la Federación y mantendrá actualizada una lista de los municipios mencionados, así como de los que estén totalmente ubicados en la zona restringida.

La Secretarla  de Relaciones  Exteriores  podrá determinar,  mediante acuerdos _generales que se publicarán  en el Diario Oficial de la Federación,  supuestos en los que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, sólo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso correspondiente de dicha dependencia.

⁴¹ Comisiones mixtas.

⁴² Explotación de salinas, pesquera en aquellas especies no reservadas a cooperativas pequeñas, etcétera.

⁴³ Actualmente los grandes desarrollos han sido propiciados por el Estado y aunque han sido exitosos, la situación económica del país los ha limitado en su número.

⁴⁴ Véase nota 2.

⁴⁵ De 10 de abril de 1865, el que disponía que «son mexicanos los extranjeros que adquieren en el Imperio propiedad territorial de cualquier género, por el sólo hecho de adquirirla», y sobre todo la interpretación a dicho precepto por el Ministro de Negocios Extranjeros, encargado del Ministerio de Estado (1O  de mayo de 1865): «…a los extranjeros  que adquieran  propiedad  territorial en el Imperio no incluye la privación de la nacionalidad propia del individuo, y solamente resuelve que el adquirente, sea cual sea su título, será considerado como mexicano en todo lo concerniente a las obligaciones, servicios y gravámenes que en cualquier manera puedan afectar la propiedad; pues respecto de ellos y sus accidentes. el adquirente no tendrá otros, mismos derechos, que los que tendría un mexicano». (Citado en Nuñez y Escalante, R., La Cláusula Calvo en el Derecho Mexicano, en Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, México, año 2, núm. 2, 1978, p. 71.)

⁴⁶ Como se indica en la nota anterior, sobre este particular consultar la obra de Carlos Calvo, Le droit international theorique et practíque, precedé d’un expresé historique des progrés de la Science du droit des gens. Vol. II, Ed. A. Durand, París, 1870-1872, pp. 172-207.

⁴⁷ Además agregaba este jurista: «A part les motifs politiques, les intcrventions européenes dans les Etats d’Amérique, ont en presque toujours comme prétexte les dommages causés par le Gouvemement aux intéret5 privés. ainsi que les réclamations et les exigences d’indemnités pecuniaires en faveur des nationaux et mcme en faveur d’autres dont la protection n’est pas justifiée en Droit strict.

«D’aprés le Droit Jnternational, le recouvrcmcnt des dettes et l’appui des réclamations privécs ne justifient pas «de plane» l’intervention  armée des gouvernements; et puisque les Etats européens suivent invariable ment cette regle dans leurs rapports entre eux, il n’y a pas de raison pour qu’ils en la suivent pas dans leurs rapports avec les nations du Nouveau-Monde.

«Un gouvemement n·est pas responsable des partes ou des préjudices subis par les étrangers en temps de

troubles intérieurs ou de guerre civile. Admettre, dans de tels cas, la responsabilité des gouvemements, c’­ est-a-din: le príncipe de l’indemnité, ce serait créer un privilege fatal et exorbitant, essentiellment favorable aux Etats puissants et préjudiciables aux nations faibles; ce serait aussi établir une inégalité injustifiable en­ tre nationaux et étrangers.

«Sanctioné cette doctrine scrait attaquer un des élements fondarnentaux de l’independance des nations, c’est a dire sa jurisdiction territoriale. Telle est, en effet, la signification réelle du recours fréquent, de la part des nations européennes, a la voie diplomatíque pour régler les différends qui, de leur nature et par les circonstances qui les entourent, sont de la compétence exclusive des tribunaux nationaux.» Op. cit.

⁴⁸ Laurent, P.H., State Responsability: a possible historie preceden! to Calvo Clause, en Internalional and Comparalive Law Quaterly, vol. 15, abril de 1966, p. 421.

⁴⁹ Shea, D.R., The Calvo Clause, Ed. University ofMinnesota Press, 1955, p. 11.

⁵⁰ La Cláusula Calvo anle las comisiones mixtas de reclamaciones, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente 20-19-103, pp. 3 y ss.

⁵¹  Leigh, G.l. Nationality and diplomatic protection, en The lnlernalional and Comparative Law Quaterly, vol. 20. parte 3, julio de 1971, pp. 453 y ss. Este es el mismo sentido que le ha dado la doctrina mexicana. Sepúl­ veda, César, La presencia viviente de Carlos Calvo, en Carlos Calvo, tres ensayos mexicanos, colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1974, pp. 19 y ss.: García Robles, Alfonso, La Doctrina Calvo en las relaciones internacionales, en «Carlos Calvo, tres ensayos mexicanos, op. cit., pp. 59 y ss., y Sepúlveda, César.  Las reclamaciones internacionales y la Cláusula Calvo, en El Foro, organo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Cuarta Epoca núms. 11-12, enero-junio de 1956. pp. 197 y ss.

⁵² De 18 de noviembre de 1953, en el cual la Corte Internacional de Justicia, conoció y se pronunció sobre «la nacionalidad efectiva» de una persona que había sido expropiada por el gobierno guatemalteco, calificando indirectamente dicha expropiación.

⁵³ Sentencias de 1958- 1970, en donde la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre una serie de cuestiones relacionadas con la denegación de justicia, condición jurídica de extranjeros, nacionalidad de personas morales, indemnización  a  inversionistas  extranjeros,  sobre la  base de  una sentencia española pronunciada por el Tribunal de Reus, en Cataluña.

⁵⁴ En esta sentencia, la Corte Internacional de Justicia hubo de pronunciarse sobre bienes que se encontraban a bordo de un barco en altamar y que se les relacionó como ubicados en el territorio del pabellón de dicho barco. La afectación de dichos bienes, sin embargo, se consideró como responsabilidad internacional y no responsabilidad del país del pabellón.

⁵⁵ Para mayor información sobre este tema véase: Dubois, Louis, «La distinction entre le droit de l’Etat réclamant et le droit du ressortissant dans la protection diplomatique», en Revue critique de droit international privé,  1978. T. IV, pp. 615 y SS.

⁵⁶ La correlación necesaria entre los principios del derecho interno y los establecidos por el derecho internacional quedaron de manifiesto con motivo del laudo dictado en el famoso caso entre el gobierno libio y las compañías California Asiatic Oil Company y Texaco Overseas Petroleum Company de fecha 19 de enero de 1977 por el árbitro único, profesor René-Jean Dupuy. Sobre el particular, véanse: Lalive, Fabien, «Un gran arbitraje petrolier entre le gouvernement et deux societés privés étrangers», en revista Clunet, 1977, pp. 319 y ss. y Rigaux, Francois «Des dieux et des héroes», en Revue critique de droit internationa/e privé, 1978-111, pp. 435 y SS.

⁵⁷ En un trabajo muy interesante hace casi una década el profesor Dany Cohen, hizo un trabajo en el cual mostró con gran precisión las relaciones entre el derecho interno y el internacional, relacionándolo con la Con­ vención europea de derechos humanos y en el cual muestra como aparece este tipo de responsabilidad, en este sentido, véase «La convention europeene des droits de l’homme et le droit international privé francais», en Revue critique de droit internationalprivé, 1989-11-1, pp. 451  y ss.

⁵⁸ En México, fuera de la zona prohibida o restringida todo extranjero tiene derecho para adquirir bienes inmuebles.

⁵⁹ Kaplan, Marcos, «Ciencia, estado y derecho en la tercera revolución», en Revolución tecnológica, estado y derecho», t. IV., Ed. UNAM-Pemex,  1993, pp. I 16 y ss.

⁶⁰ Para mayor información sobre este caso. véase Paulson, Jan, «ICSJD’s achivements and prospects» y Lamm, Carolyn, «Jurisdiction of the Jntemational Centre for settlement of investments disputes», en ICSID nview. Joreign investment /awjournal, vol. 6, núm. 2. verano de 1991, (25 aniversario del ICSID).

⁶¹ La reserva dice lo siguiente: «Las disposiciones relativas al mecanismo de solución de controversias previsto en la Sección B del Capítulo XX, Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias, no se aplicarán a una decisión de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que resulte de so­ meter a revisión a una inversión conforme a las disposiciones del Anexo 1, página I-M-5, relativa a si debe o no permitirse una adquisición que esté sujeta a dicha revisión». Esta reserva ha sido interpretada en el sentido de que México no está en contra de que puedan ser resueltos los casos de afectación de extranjeros en sus inversiones a una instancia supranacional, como lo prevé el propio apartado B del Capitulo XI del Trata­ do. Para una consulta sobre esta reserva, véase El TLC una introducción, Ed. Estado de Sonora Universidad de Sonora, 1994. (Leonel Pereznieto Castro. Coordinador), p. 300.

⁶² Véase la nota núm. 3. «Zona prohibida» fue la connotación que se le dio a estas porciones del territorio nacional en donde se inhibe la capacidad de los extranjeros para adquirir la propiedad de bienes inmuebles. A partir del reglamento de 1989 y de la Ley de Inversiones de 1994 se cambió por «Zona restringida» que es la que ahora utilizaré.

⁶³ Los derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones, Manuel Porrúa, México, 1978, t. IV, p. 584.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ Decreto  de colonización de Estado de Tamaulipas del 3 de octubre de 1843, que permitía el asentamiento de colonias, pero que en la última parte del articulo 1º disponía: «…estableciéndose dichas colonias precisa­ mente a la distancia de veinte leguas de la frontera».

⁶⁶ En el artículo 27, fracción 1, véase  la nota  núm.  3.

⁶⁷ Los derechos del pueblo mexicano, op. cit., p. 667.

⁶⁸ Zoraida Vázquez, Josefina, Los primeros tropiezos, en Historia general de México, El Colegio de México, México, 1981, 3′ ed., pp. 803 y ss.

⁶⁹ Artículo 21, fracción III.

⁷⁰ Bosch García, Carlos, El mester político de Poinsett (noviembre de 1824-diciembre de 1829), UNAM-lnstituto de Investigaciones Históricas, México, 1983, t.1., p. 8.

⁷¹ Mediante Decreto Presidencial de 30 de abril de 1971  se otorgó a las sociedades nacionales de crédito permiso para que adquirieran como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas dentro de zona prohibida (ahora zona restringida), otorgando a los extranjeros certificados de participación inmobiliaria para el uso y goce exclusivamente de esos bienes inmuebles. Este instrumento jurídico del fideicomiso  se ha repetido  en las sucesivas  leyes de inversiones extranjeras en México, pero se le ha visto como una forma de evadir, en buena medida, la prohibición constitucional.

⁷² Para dar una idea así sea superficial de la importancia de esta zona al norte de la República mexicana y en la frontera con los Estados Unidos de América, tomo los datos más recientes que encontré en un reportaje recién publicado (Business Week, mayo 12 de 1997, Latín american edition, titulado The Border, pp. 32 y ss.). a lo largo de una frontera de 3,380 kms. y dentro de una franja de 21O kilómetros (de ambos lados de la frontera) habitan, del lado mexicano, 5.1. millones de personas y del lado de la Unión Americana 6.1, millones. El producto regional anual es de 150 mil millones de dólares, del cual sólo la industria maquiladora ex­ porta anualmente (1996) 36.8 mil millones de dólares. Por uno de los seis pasos fronterizos más importantes de la región, el de Nuevo Laredo (México) y Laredo (EUA), cruzan diariamente 4 mil tráiler a través de los tres puentes fronterizos. «La producción de esta zona es mayor que la de Polonia y casi tan grande como la de Tailandia».