Los movimientos migratorios entre España y México, dejando atrás las relaciones que desde tiempos remotos han unido a nuestros dos países, han sido bastante significativos a lo largo de los siglos XX y XXI. Éstos, los podemos poner de manifiesto a través de las estadísticas elaboradas por los organismos competentes de ambos Estados. Los movimientos migratorios entre España y México, dejando atrás las relaciones que desde tiempos remotos han unido a nuestros dos países, han sido bastante significativos a lo largo de los siglos XX y XXI. Éstos, los podemos poner de manifiesto a través de las estadísticas elaboradas por los organismos competentes de ambos Estados.

Estos movimientos de personas desembocan en una cada vez mayor interrelación entre las mismas, de tal manera que es frecuente la consumación de relaciones personales familiares como lo es el matrimonio, institución que también lleva aparejada la disolución del mismo a través del divorcio.

El divorcio es una institución que no goza de un carácter único en todos los países. De esta forma, dependiendo de los valores sobre los que se sustenta la familia, el matrimonio, etc. cada país lo regula de una forma diferente. Así, por ejemplo, existen Estados en los que el divorcio gira en torno al cónyuge culpable, en donde es necesario que exista un divorcio con causa hasta aquellos otros países en los que el divorcio es libre, incluso por voluntad de uno solo de los cónyuges, por el mero hecho de que la afectio maritatis haya desaparecido.

Esta situación mundial la podemos comprobar si acudimos a las legislaciones de México y España sobre divorcio. En el primer Estado, el divorcio se instaura en 1914¹, perdurando hasta la actualidad, mientras que en España la primera ley del divorcio fue durante la II República², recuperándose en el año 1981¹. A partir de esta orientación de los dos ordenamientos jurídicos la evolución de la regulación del divorcio también ha experimentado cambios significativos.

En el Ordenamiento español la primera regulación del año 1981 preveía la necesidad de una previa separación judicial durante un periodo de tiempo antes de que el matrimonio se pudiera disolver por divorcio, necesariamente éste estaba basado en las causas establecidas por la ley para que la misma se convirtiera en divorcio, actualmente el divorcio en España puede ser sin causa y susceptible de ser planteado sin que transcurra demasiado tiempo desde la celebración del matrimonio². En el Ordenamiento Mexicano, aun considerando que su modelo político es el de Estados Federados y cada uno de ellos tiene su propia regulación, podemos afirmar que prácticamente la regulación del divorcio ha tenido el mismo recorrido  que en España, ya que, con independencia de que cada Estado Federado ha establecido una serie de causas para que el divorcio pueda tener lugar³, la Corte Suprema de la Nación ha declarado que es posible el divorcio sin causa porque el juez no tiene por qué enterarse de las «miserias» de la pareja⁴.

Por otra parte, en México existen varios tipos de divorcio: el administrativo y el judicial, el cual puede ser voluntario o necesario, mientras que en España en este momento el único divorcio que existe es el judicial.

En este estudio nos vamos a referir al Derecho Federal Mexicano, ya que, con posterioridad, las resoluciones que emanen de los órganos judiciales españoles y que se pretendan reconocer y ejecutar en México estarán sometidas al Derecho local del Estado Federado en que la misma se pretenda hacer valer.

A lo largo de este trabajo vamos a analizar las diversas situaciones que pueden configurar un matrimonio cuando existe un elemento de extranjería, ya sea desde el punto de vista español o mexicano. De este modo estudiaremos las crisis matrimoniales de matrimonios de mexicanos con residencia habitual en España, matrimonio de españoles que reside habitualmente en México, matrimonio entre español y mexicano que reside habitualmente, bien en España o bien en México. Las particularidades de cada uno de estos casos se irán examinando al hilo de este análisis. Por otra parte, nos vamos a referir únicamente a la consecuencia directa que tiene el divorcio, cual es la disolución del vínculo matrimonial, dejando a un lado otros posibles efectos que se puedan derivar del mismo, como las relaciones de los padres con los hijos, el régimen económico, alimentos, herencia, etc., ya que los mismos excederán con mucho el objetivo de este trabajo.

Ante una crisis matrimonial hispano mexicana, los supuestos internacionales que nos podemos encontrar son básicamente los siguientes: que los dos cónyuges sean mexicanos y tengan su residencia habitual en España o que uno de los cónyuges sea mexicano y el otro español también con residencia habitual en España. En ambos casos es posible que el español o el cónyuge mexicano, ante la crisis del matrimonio decida volver a su país de origen y configurar en el mismo su residencia habitual. Ante estas situaciones hemos de determinar los tres sectores básicos del Derecho internacional privado que tienen lugar en toda institución. A saber: competencia judicial internacional de los tribunales españoles, ley aplicable al fondo del litigio y reconocimiento de la resolución, sectores que vamos a pasar a analizar a continuación.

El Reglamento 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003 de la Unión Europea, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resolución judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental¹ (a partir de ahora Reglamento 2201/2003), constituye el régimen preferente para determinar la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en las causas de divorcio, separación judicial y nulidad del matrimonio. La amplitud y flexibilidad de las soluciones incorporadas en el Reglamento desplaza la posible aplicación de las normas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial² (a partir de ahora LOPJ) en la materia, adquiriendo éstas un carácter residual.

Según el citado Reglamento, los tribunales españoles serán competentes para conocer de las causas de divorcio hispano-mexicanas en los supuestos a los que nos hemos referido anteriormente en los siguientes casos (arts. 3, 4 y 5):

1. Si ambos cónyuges, con independencia de su nacionalidad, tienen su residencia habitual en España en el momento de la presentación de la demanda. La residencia habitual, equivale a centro social de vida o lugar donde el interesado ha fijado voluntariamente su centro permanente de intereses con carácter estable¹. No se tiene en cuenta que sea una residencia temporal, que el sujeto tenga la intención de retornar a otro país. No constituirán residencia habitual la mera estancia del sujeto en un Estado miembro, la residencia pasajera o precaria o la intención de residir habitualmente en un país.
2. Si la última residencia habitual común de los cónyuges ha sido España y todavía uno de ellos reside en nuestro territorio, con independencia de que sea la parte demandada o
3. Si España es la residencia habitual del demandado en el momento de presentación de la demanda. Este foro facilita la práctica de pruebas, agiliza la notificación, permite una mejor defensa para el demandado y es previsible para ambos cónyuges.
4. En el caso en que España sea la residencia habitual de uno de los cónyuges, pero solo en caso de demanda conjunta. Es irrelevante que dicho cónyuge sea el demandante o el
5. Si España es la residencia habitual del demandante y éste ha residido en nuestro territorio desde al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda.
6. Si se encuentra en España la residencia habitual del demandante, y ha residido en nuestro Estado al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y, o bien es nacional español.
7. En el caso en que ambos cónyuges posean la nacionalidad común de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto en que los cónyuges posean varias nacionalidades podrán hacer valer la nacionalidad que legalmente ostentan, situación que va a ser bastante difícil que tenga lugar ya que, tanto España como México, tienen bastantes restricciones en cuanto a la admisión de la doble nacionalidad desde el momento en que en ambos países está estipulado que, si la persona adquiere voluntariamente otra nacionalidad, perderá la nacionalidad española y la mexicana¹. Ahondando un poco más en esta situación, si el cónyuge o los cónyuges mexicanos adquirieran la nacionalidad española por residencia² la crisis matrimonial pasaría de ser un supuesto de tráfico externo a una situación de tráfico interno, a no ser que los cónyuges tuvieran su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea, caso al que no nos estamos refiriendo en nuestro estudio. Por lo tanto, este foro de competencia no va a ser operativo en las situaciones internacionales que estamos analizando.

Los foros indicados son foros alternativos de competencia judicial internacional. Por lo que solo es necesario que concurra uno de tales foros, para que los tribunales del Estado miembro de que se trate se declaren competentes. Asimismo, al tratarse de foros “alternativos” o “electivos”, cuando concurren varios, los litigantes pueden elegir cuál de ellos utilizar. Esta cuestión puede derivar en el denominado fórum shopping ¹ o en supuestos en los que el tribunal elegido por las partes carezca de vinculación suficiente con el caso o, lo que también se ha denominado «carrera al tribunal«², ya que la parte que interponga la demanda en primer lugar goza de una posición más ventajosa en la causa. Asimismo, son foros controlables de oficio. El juez ante el que se presenta la demanda debe controlar de oficio su competencia, Además, deberá declararse incompetente si comprueba que no goza de competencia conforme al Reglamento 2201/2003 y que, a tenor de este instrumento normativo los tribunales de otro Estado miembro tienen competencia para conocer del asunto.

En esta línea se expresa el art. 7 del Reglamento 2201/2003, el cual establece que, si los tribunales de ningún Estado Miembro resultan competentes para conocer de la crisis matrimonial, entonces será de aplicación la normativa interna del Estado ante el cual se ha planteado la demanda (competencia residual). A tal efecto, hemos de acudir a la LOPJ la cual, junto al foro general del domicilio del demandado (art. 22 ter), recoge el foro especial por razón de la materia en el art. 22 quarter c), el cual establece que la competencia judicial internacional en materia de divorcio recaerá en nuestros tribunales «siempre que ningún otro tribunal extranjero tenga competencia«¹ enumerando a continuación una serie de foros que coinciden exactamente con los establecidos en el Reglamento. De este modo, nuestra normativa interna únicamente va a ser de aplicación si España es el domicilio del demandado.

Teniendo en cuenta el principio de libre circulación de personas, es factible que uno de los cónyuges haya trasladado su residencia habitual a otro Estado miembro, ya que la normativa europea permite esta posibilidad cuando nacionales de terceros estados tienen concedida una autorización de residencia por un Estado miembro¹, de manera que puede darse la situación de que, al existir pluralidad de foros, los cónyuges pueden presentar sus demandas ante tribunales de distintos Estados miembros, por lo que se produce con frecuencia supuestos de “demandas cruzadas”. En estos supuestos, el tribunal del Estado miembro ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional del Estado ante el que se interpuso la primera demanda. De este modo la litispendencia internacional no tiene cabida en la normativa de la Unión Europea (art. 19 del Reglamento)².

La ley aplicable a la separación judicial y al divorcio viene determinada por el Reglamento (UE) 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, también conocido como Roma III³ (En adelante Reglamento Roma III).

Este texto cuenta con un carácter universal, recogido en el art.4 que dice lo siguiente: “La ley designada por el presente Reglamento se aplicará, aunque no sea la de un Estado miembro participante”. De esta forma el Reglamento tiene carácter erga omnes; es decir, es aplicable con indiferencia de la nacionalidad, la residencia habitual y cualquier otra circunstancia personal de los cónyuges, independientemente también de cual fuere el Estado cuya ley debe regular el divorcio o la separación, sobre todo litigio de separación judicial o divorcio de carácter internacional. Por otra parte, este Reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado participante, no obstante, solo vincula a dieciséis Estados miembros los cuales son: Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumania, Eslovenia, Lituania y Grecia. Estos Estados activaron la llamada «cooperación reforzada», que les permitía profundizar en la cooperación en esta materia, los restantes Estados Miembros decidieron no participar.

Con este Reglamento se busca crear un marco jurídico claro y completo con normas seguras y flexibles, que eviten situaciones de forum shopping y potencien la libre circulación de personas en la Unión Europea. El Reglamento ni unifica derechos de los diferentes Estados miembros, ni comprende una normativa específica del divorcio y la separación judicial en los supuestos internacionales, sino que este Reglamento lo que hace es contener normas de conflicto multilaterales que designan la ley estatal aplicable al divorcio o la separación judicial.

Antes de la entrada en vigor del Reglamento, cada Estado miembro disponía de sus propias normas de conflicto para señalar el Derecho Aplicable al divorcio y a la separación judicial en los casos internacionales¹. En la actualidad, estas normas internas han quedado hibernadas y es de aplicación con exclusividad el Reglamento Roma III. Para determinar la Ley aplicable a los distintos tipos de divorcio o separación judicial el Reglamento Roma III contiene un conjunto de puntos de conexión estructurados en cascada, es decir, están jerarquizados, por lo que la aplicación comenzará por el primer punto. Si éste faltase, entonces se podrá pasar al siguiente, y así sucesivamente.

El Reglamento recoge en los arts. 5 al 8 los puntos de conexión que determinarán la ley aplicable. Éstos son los siguientes: 1º) El divorcio y la separación judicial se rigen por la Ley elegida por las partes en los términos de los arts. 5-7. 2º) En defecto de Ley válidamente elegida por los cónyuges, se aplica la Ley de país en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda (art.8). 3º) A falta del anterior, se aplicará la Ley del Estado en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el periodo de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aun reside allí en el momento de la interposición. (art.8.b). 4º) Si no se diera el anterior criterio, se aplicará la Ley del Estado de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda. (art.8.c). 5º) Finalmente, en defecto de todos los anteriores, se aplicará la Ley del Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales de interponga la demanda (Lex fori) (art.8.d).

Si procedemos al análisis de los distintos criterios de conexión que recoge el Reglamento Roma III, nos encontramos con que el primero se centra  en la ley elegida por las partes, de manera que consagra la autonomía de la voluntad, pero limitada en las leyes señaladas al respecto en los art. 5 a 7, las cuales son: a) La ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del convenio; b) La ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio; c) La ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de  los  cónyuges en el momento en que se celebre el convenio; d) La ley del foro¹. De esta forma, podemos deducir que en si los cónyuges hacen uno de su autonomía de la voluntad² para determinar la ley aplicable a su divorcio, en la mayoría de los casos y, siguiendo las directrices de este precepto, la ley que va a resultar aplicable será la española, a no ser que elijan como ley aplicable la ley del estado cuya nacionalidad ostenta uno de los cónyuges; es decir, la ley mexicana, ya que los cónyuges pueden elegir cualquiera de estas leyes libremente, no siendo necesario seguir orden alguno, ya que están ordenadas de forma alternativa.

El Reglamento aporta un conjunto de reglas cuyo objetivo es facilitar la elección de ley por los cónyuges y favorecer que se  respete su consentimiento, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y un mejor acceso a la justicia, por ejemplo, reduciendo costes o asegurando la ejecución efectiva de la sentencia. Este punto de conexión resulta muy útil para los casos de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo. La Ley aplicable a la separación judicial o al divorcio, deberá de ser única (no cabe la posibilidad de que se seleccionen varias Leyes) y elegida por los cónyuges y solo por los cónyuges, no puede ser elegida, por los padres, familiares u otros sujetos. El consentimiento y validez material viene recogido en el artículo 6 del Reglamento Roma III y dice así “La existencia y la validez de un convenio de elección de la ley aplicable y de sus cláusulas se determinarán con arreglo a la ley por la que se regiría el convenio en virtud del presente Reglamento si el convenio o cláusula fuera válido”.

Si los cónyuges no han hecho uso de la autonomía de la voluntad y no han elegido la ley aplicable a su divorcio, el Reglamento Roma III establece una serie de conexiones ordenadas de forma jerarquizada para determinar la ley aplicable. Es tas son las siguientes: a) ley del lugar en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. Se trata de una Ley neutral para las partes, no presenta privilegios para ninguno al ser la Ley de un Estado con el que ambos presentan un vínculo común, lo que además proporciona una aceptable estabilidad jurídica. b) en su defecto, en el Estado en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la presentación de la demanda. c) en su defecto, en el Estado de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda. d) en último lugar, en el Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda.

Esta escala de criterios de vinculación sucesivos está fundada en la existencia de un vínculo estrecho entre los cónyuges y la Ley de que se trate, para garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad. De nuevo nos encontramos con que, en la mayoría de los casos va a ser de aplicación la ley española, ya que la ley nacional común, ley mexicana, va a dirimir el fondo del litigio cuando no se den los criterios fijados en los apartados a) y b).

En relación con esta cuestión hemos de diferenciar dos supuestos: si la parte lo que desea es el reconocimiento y la ejecución de la resolución judicial española de divorcio en un Estado miembro de la Unión Europea, o, por el contrario, el reconocimiento y la ejecución se pretenden solicitar en un tercer Estado. A tal efecto vamos a proceder al análisis de estas dos situaciones:

1ª) La parte desea el reconocimiento y la ejecución de la resolución judicial española de divorcio en un Estado miembro de la Unión Europea. – En este caso, también es de aplicación el Reglamento 2201/2003. Para ello este instrumento normativo, establece un procedimiento sencillo y rápido para hacer valer los efectos de las resoluciones de separación, divorcio o nulidad en diferentes Estados Miembros. Así, recoge distintos mecanismos legales para hacer efectiva la resolución judicial sobre separación, divorcio o nulidad matrimonial, según los efectos que se quieren hacer valer. Estos son:

a) Reconocimiento incidental judicial (art.21.1).
b) Reconocimiento incidental registral (art.21.1): se presentará ante el encargado del Registro Civil del estado Miembro con el fin de que se proceda a su inscripción registral
c) Reconocimiento por homologación (art.21.3): el reconocimiento debe instarse ante el Juzgado competente del Estado Miembro del lugar de residencia de la persona contra la que se solicita el reconocimiento o el del lugar de ejecución de este (art.29) con el objetivo de hacer valer los efectos constitutivos y de cosa juzgada de la sentencia española con carácter erga omnes. En estos casos, se deberá seguir el procedimiento establecido en los arts.28 y
d) Exequátur: El Reglamento 2201/2003 no regula el exequátur de resoluciones judiciales de separación, nulidad o divorcio, ya que, estas resoluciones solo proceden a disolver o relajar el vínculo matrimonial, no ejecutan nada. Así pues, si lo que se desea es la ejecución de la resolución española en materia de divorcio, se deberá de seguir la normativa interna del Estado Miembro en cuestión a tal efecto.

2ª) La parte pretende solicitar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia española de divorcio en un tercer Estado. En este caso, las partes han de observar la normativa interna del Estado que regula estas cuestiones. Ya que el objeto de nuestro estudio son las relaciones hispano-mexicanas, lo más normal es que la parte solicite el reconocimiento y la ejecución en México. En este sentido hemos de analizar la normativa mexicana con el fin de determinar si existe un convenio bilateral entre España y México y, en caso de que así sea, si el mismo es aplicable al reconocimiento y ejecución en materia de divorcio. Efectivamente, España y México tienen concertado un convenio bilateral sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil de 17 de abril de 1989¹. Sin embargo, este Convenio, según establece su art. 3 b) excluye de su ámbito de aplicación el «Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en el matrimonio», con lo cual tendremos que acudir a la normativa interna mexicana sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras.

Ante tal tesitura y, como así pusimos de manifiesto al comienzo de este trabajo, hemos de tener presente que el reconocimiento y la ejecución de la sentencia española se requieren ante un sistema plurilegislativo, ya que México se compone de un conjunto de Estados Federados cada uno de ellos con capacidad para legislar, de manera que la determinación del Estado Federado que tiene competencia para conocer de los efectos de la sentencia española se efectuará con arreglo a las leyes mexicanas. Como regla general y, ya que se trata de un sistema plurilegislativo de base territorial, gozarán de dicha competencia los tribunales de la residencia habitual de la parte o partes que la pretenda hacer valer.

El procedimiento para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras se encuentra recogido en los arts. 571 a 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así el art. 571 establece que: » Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones: 1º) Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos provenientes del extranjero¹; 2º) Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real; 3º) Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos 4º) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 5º) Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra; 6º) Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 7º) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México; y 8º) Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos…».

Los arts. 573 y 574 contienen el procedimiento a seguir para que se proceda al reconocimiento y, en su caso, ejecución por los tribunales mexicanos¹. Hemos de destacar lo preceptuado en el art. 575, el cual dispone que: «Ni el Tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional«.

De este modo, si la sentencia española cumple con los requisitos exigidos por el Derecho mexicano su reconocimiento y ejecución se podrán llevar a cabo en ese Estado.

Como hemos indicado en líneas atrás en México existen básicamente dos tipos de divorcio: el divorcio administrativo y el divorcio judicial, el cual a su vez puede ser necesario; es decir, mediante la alegación de las causas señaladas en el Código civil, las cuales se mantienen en algunos Estados Federados, o voluntario. Así, el artículo 266 del Código civil Federal establece que: «El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo. Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el siguiente artículo«¹.

Con respecto al divorcio administrativo, el artículo 272 indica que: » Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

El Juez del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el Juez del Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior«.

Este tipo de divorcio constituye una vía más rápida para la disolución del matrimonio, en tanto en cuanto no requiere la intervención judicial al no haber hijos comunes que requieran la especial protección por parte del juez y al existir mutuo acuerdo entre los cónyuges mayores de edad, ya que si no se dan estos requisitos este tipo de divorcio no podrá tener lugar, incluso quedará anulado, existiendo responsabilidad penal al respecto¹.

El sistema de Derecho internacional privado mexicano es fundamentalmente de base territorial, de manera que, tanto la competencia judicial internacional, como la ley aplicable se fundamentan en el domicilio del individuo, siendo éste «el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente» (artículo 30 del Código Civil Federal).

Con respecto a la ley aplicable al fondo el artículo 12 del Código Civil Federal establece que: «Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte«, de manera que al fondo del divorcio le será de aplicación la ley mexicana y los tribunales competentes para conocer del mismo serán los de la residencia habitual de los cónyuges o del cónyuge demandado. A tal efecto, el artículo 31 del Código Civil Federal, en su párrafo IV establece que: «Se reputa domicilio legal de los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29«¹.

A los fines que nos interesan las resoluciones de divorcio de las autoridades mexicanas podrán ser reconocidas en España siempre y cuando sean firmes, no se opongan al orden público internacional español o que sea inconciliable con otra resolución dictada en España o con anterioridad en otro Estado si ésta puede ser reconocida en España.

Un problema que podría presentarse en nuestro Estado es el relativo al reconocimiento de los divorcios administrativos mexicanos, ya que en España en la actualidad este tipo de divorcio no existe³. No obstante, la nueva normativa incluye como reconocibles las «resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria» (art. 41), de manera que, en principio no existiría problema alguno para reconocer estas resoluciones que emanan de las autoridades mexicanas. A mayor abundamiento, el tribunal Supremo ya se había pronunciado con respecto al reconocimiento de estas resoluciones y en su Auto de 2 de marzo de 2002 establece la posibilidad de su aceptación si superan los requisitos del exequatur¹.

A los fines que nos interesan las resoluciones de divorcio de las autoridades mexicanas podrán ser reconocidas en España siempre y cuando sean firmes, no se opongan al orden público internacional español o que sea inconciliable con otra resolución dictada en España o con anterioridad en otro Estado si ésta puede ser reconocida en España.

Un problema que podría presentarse en nuestro Estado es el relativo al reconocimiento de los divorcios administrativos mexicanos, ya que en España en la actualidad este tipo de divorcio no existe³. No obstante, la nueva normativa incluye como reconocibles las «resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria» (art. 41), de manera que, en principio no existiría problema alguno para reconocer estas resoluciones que emanan de las autoridades mexicanas. A mayor abundamiento, el tribunal Supremo ya se había pronunciado con respecto al reconocimiento de estas resoluciones y en su Auto de 2 de marzo de 2002 establece la posibilidad de su aceptación si superan los requisitos del exequatur¹.

A modo de conclusión: inexistencia de litispendencia internacional Hasta el momento hemos podido comprobar como no existe problema alguno para que las resoluciones de divorcio adoptadas, tanto por las autoridades mexicanas, como por las españolas, sean reconocidas en uno u otro país. Únicamente esta posibilidad se ve mermada en ambos Estados cuando la resolución recaída haya sido fruto de un procedimiento que se inició con posterioridad a uno abierto entre las mismas partes y por la misma causa en el Estado en el cual se pretenda hacer valer, según reza la normativa española². No obstante, la regulación mexicana puede llevar a equívocos, en tanto en cuanto la resolución española no se reconocerá si «la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos…». (art. 571.6 del Código de Procedimiento Civil Mexicano) Como podemos comprobar, el precepto no indica como condición al reconocimiento si la acción ante la autoridad mexicana ha debido ser interpuesta con anterioridad o posterioridad al proceso de divorcio iniciado en España, cuya resolución se pretende reconocer en México.