Con el objeto de definir  las  influencias recíprocas considero  necesario describir diferentes escenarios en los que esas influencias se han producido y así delimitar el tema, y plantear sus premisas. Distingo así cuatro escenarios a los que me refiero enseguida.

Uno, que un exista interés en las comunidades científica y profesional que pueda motivar al gobierno para que participe en la codificación. Segundo, que las circunstancias políticas sean lo suficientemente atractivas para incentivar al gobierno, con independencia de lo que piensen  aquellas  comunidades, y decida participar en el proceso  codificatorío.  Tres, que los intereses de grupos  económicos y sociales  al interior del país consideren  que es importante  definir reglas del juego  en materia de tráfico internacional y esa iniciativa sea entendida por el gobierno y la apoye. Cuarto, el escenario  más común:  que se dé una mezcla de los intereses antes mencionados que produzca  la motivación  suficiente para participar en un proceso  de codificación y, lo que  es  también  importante, que se impulse  sistemáticamente  esa codificación y, más tarde,  los Estados participantes ratifiquen  los instrumentos internacionales que se aprueben.

Aunque  los  escenarios  anteriores  son  formales  y entre  ellos  puede  darse  una gran variedad  de posibilidades, los menciono  de tal manera  que me permitan  seña- lar algunos  elementos relevantes de las diferentes etapas que se han sucedido  en la codificación interamericana² y de ahí derivar  las influencias  reciprocas entre esta codificación y los sistemas de DIPr. Aplicado este marco teórico de referencia a lo acontecido en las diferentes etapas codificatorias en Latinoamérica y a reserva  de volver  con más detalle,  distingo  lo siguiente.

 El inicio de la primera etapa codificatoría que arranca  con la Convención de Lima de  1878 se puede encuadrar en el primer  escenario descrito; es decir, esta Convención fue producto del interés que se suscitó en la comunidad académica³ del Perú y después de Argentina y Uruguay  de contar con una convención que regulara supranacionalmente los problemas  derivados del tráfico jurídico internacional, propuesta  que secundaron la comunidad  profesional  y los  gobiernos  de esos  países. Cabe apuntar  que en todo este proceso jugó un papel de liderazgo el profesor francés Pradier Fodré, quien trataba de convencer en Lima a los juristas que era mejor opción la ley nacional que la ley del domicilio ya ampliamente difundida por los códigos civiles chileno y argentino y que  precisamente ese hecho  contribuyó en parte a que las disposiciones centrales de la Convención de Lima hayan sido distintas a la realidad y, por lo tanto, el esfuerzo  no haya  tenido  la  repercusión que se esperaba. En esta primera etapa también ubico al Primer Congreso  de Montevideo de 1888-1889⁴  en el que se aprobaron 8 convenciones, pero en el que, a diferencia del Tratado de Lima,  la participación de países⁵ fue entusiasta. Asimismo, estas convenciones lograron recoger  principios que se han mantenido  hasta la actualidad como puntos de referencia a nivel  internacional. Además  el interés que se suscitó por parte de las  comunidades científica y profesional,  hubo un ingrediente importante de orden político  basado en lo que se llamó «el  sueño  bolivariano  de unión continental»⁶ que influyó, a la postre, para que dichas convenciones  fueran ratificadas por todos los  países firmantes.  De hecho,  estas convenciones tuvieron una influencia importante más allá de la  región  de los países  firmantes⁷ y sirvieron también de modelo para otras convenciones interamericanas posteriores⁸.

Una segunda etapa la ubico a partir de la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889-1890,  en la que se creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y terminó con la aprobación de la Convención de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, en 1928. En el caso de esta última, también se suscitó el entusiasmo de las comunidades científica y profesional y, además, fue  evidente  el  interés  político  de  los  gobiernos de  la región  en  favor del panamericamsmos,⁹  lo cual  explica el amplio número de países participantes y ratificantes pero, al mismo  tiempo, ese factor político  no fue un elemento  suficientemente aglutinador  para  lograr consensos entre los participantes, lo que provocó un elevado número de reservas  que, en varios capítulos, hicieron impracticable dicha Convención.  También influyó el hecho al que nos referiremos más adelante, en el sentido de que el promotor y principal  elaborador de los proyectos, Antonio de Bustamante y Sirvent, se encontraba más cercano a las corrientes y planteamientos europeos que a los que ya se gestaban  en Latinoamérica. No obstante, la calidad científica del documento provocó que la jurisprudencia de los países ratificantes, la doctrina y, en algunos casos la legislación nacional, la tomaran en cuenta. El Código de Bustamante todavía se invoca hoy en día en algunos  países  latinoamericanos por los  académicos  e incluso por los jueces¹⁰. Quizá la influencia más importante fue que permitió el reordenamiento y la síntesis del DIPr. de la época y con ello su mejor conocimiento.

La  tercera   etapa  la  situó a partir de la Séptima   Conferencia Internacional Interamericana de 1933,  en la que se adoptó la resolución  que promueve los métodos de codificación del Derecho  Internacional Público y del Derecho  Internacional Privado y en la que se crearon  la Comisión  de Codificación del Derecho  Internacional y la Comisión de Expertos.   Etapa que se agota en 1948 con la  creación de la OEA y del Consejo Interamericano de Jurisconsultos como órgano permanente de la Organización. Es decir, las bases internacionales para la codificación institucionalizada habían quedado establecidas. En esta etapa se celebró la Segunda Conferencia de Montevideo de 1939-1940 en la cual se aprobaron 8 tratados y en la que, sin demérito de éstos, el interés de la comunidad  internacional estaba puesto en el inicio de la Segunda Guerra  Mundial y, por tanto, aquella conferencia no tuvo el éxito esperado ni las influencias  suscitadas  con la primera conferencia de Montevideo cincuenta  años antes.

La cuarta etapa, que es el objeto de nuestro análisis, arranca a partir de 1971 con la convocatoria de la OEA a celebrar una Conferencia Especializada de DlPr. que más tarde se materializó en  1975, sobre la base de abordar  temas  independientes que fueran  del interés de los países participantes. En esta etapa, por primera  vez, confluyeron los intereses de las comunidades científicas y profesionales, intereses políticos de  los  estados y sociales de grupos interesados; así como  órganos institucionalizados a nivel internacional encargados  de la codificación. A pesar del entusiasmo inicial de esta conferencia, conocida hoy como Conferencia Interamericana Especializada de Derecho  Internacional  Privado  (CIDIP), con 23 convenciones aprobadas, han faltado, sin embargo,  incentivos al interés político de los estados, por lo que la influencia  de esta conferencia ha sido limitada.  Un dato ilustrativo es el siguiente:

De los  34 países miembros de la  OEA sólo 19 han sido países ratificantes, de entre éstos han habido 320 firmas en las 23 convenciones; es decir,  sólo el 70% de los países firmó  las convenciones, de las cuales  sólo hubieron  156 ratificaciones; dicho en otros términos, sólo fueron ratificadas el 48.8% de las convenciones firma- das. Estas ratificaciones se han dado, por otra parte, en un promedio  de 4 años. En cuanto a la distribución  de frecuencias del tiempo transcurrido para la ratificación, los datos son como sigue:  sólo en l O  casos la ratificación se ha dado en un periodo de 6 meses o menos,  lo que significa  el 6.4%. El promedio  más alto es entre 1 y 2 años, en que han ratificado el 21.8%,  pero hay casos  en que  la  ratificación  se ha dado en 15  años o más  (3.2%). En esta  etapa situó también al movimiento codificatorio como resultado de los tratados de libre comercio que han ratificado varios países del área y que indica un importante número de modificaciones a los derechos  internos y la creación de normas uniformes a nivel internacional.

Delimitado en  principio el tema, y planteadas algunas  premisas, paso a desarrollarlas.

Las ratificaciones de los tratados de Montevideo fueron hechas por un número reducido  de países. En este sentido hay diversas críticas, pero lo que me interesa aquí destacar es que de los países ratificantes fueron todos los que participaron  en la discusión y su aprobación y que la mayoría  realizó sus ratificaciones dentro de un plazo promedio relativamente breve de cinco años tomando  en cuenta las dificulta- des en las comunicaciones de la época, lo cual, además de mostrar el interés por esas convenciones, puede interpretarse en el sentido de que hubo para los países ratificantes la convicción de que se estaba frente a una obra de beneficio colectivo. De hecho, estos tratados todavía siguen vigentes, para los países que los ratificaron, 107 años después.

Finalmente, otra de las influencias que puede ser atribuida a las convenciones de Montevideo consiste en que, por primera vez, quedaron en blanco y negro los criterios de un grupo de paises latinoamericanos en materia de DIPr con afiliación a un territorialismo moderado, lo que por otra parte significó el establecimiento de las bases a partir de las cuales se discutirían otras codificaciones internacionales en el ámbito interamericano. Este hecho  marca  el inicio de un alejamiento de la dogmática latinoamericana respecto de las doctrinas europeas de la época, lo que, por otro lado, es importante en la medida en que, cuando se alcanza un cierto nivel de consenso  ideológico y doctrinal, el resultado  puede  ser positivo  a nivel de la elaboración de los instrumentos internacionales y, como es el caso, de instrumentos regionales con una mayor penetración por la definición respecto de soluciones requeridas por los países de la zona.

El Código  de DIPr  de  1928 o Código  de  Bustamante fue otro  instrumento con influencias en los sistemas  de DIPr  de vario paises y en general para el DIPr del área. A pesar  de sus  efectos parciales debidos a la gran  cantidad de  reservas que hicieron los Estados  ranficantes, que prácticamente derogaron capítulos completos del Código, éste tuvo influencias ciertas.

Una primera influencia fue que el Código de Bustamante constituyó el esfuerzo más  amplio  de sistematización de las normas de DIPr en  Latinoamérica  y, por lo tanto, despertó gran  interés en  las comunidades científicas de  los distintos paises participantes. Dicha sistematización, por otra parte,  hizo que las normas de DIPr tuvieran una amplia difusión. En efecto, como preparación a la elaboración de este Código, en 1901, se firmó, dentro del marco  de  la Unión Panamericana creada en 1889 «La Convención para la Formación de Códigos de Derecho Internacional Público y Privado en América«, lo que dio lugar, primero en Río de Janeiro y más tarde en Chile en 1923, a la creación de la Comisión de Jurisconsultos de Río, a la cual se le encargó esta tarea. misma que contribuyó a suscitar nuevamente el interés sobre la codificación interamericana.

Otra  influencia del Código de Bustamante se dio en la jurisprudencia de los países ratificantes y más tarde en las legislaciones nacionales a partir de la división de leyes establecida en dicho Código como base  fundamental. En el articulo 3° se definió  una división para el ejercicio de los derechos civiles basada en leyes de orden publico interno o personales aplicables a las personas conforme a su domicilio o a su nacionalidad, las leyes de orden público internacional, locales o territoriales que obligan por igual a quienes residen   en su territorio y las  leyes de orden privado o voluntarias que se aplican solamente por  la expresión,  interpretación o presunción de las partes.²⁰ Esta división, en gran  medida, sigue  hoy  vigente.

Sin embargo,  las grandes diferencias aparecieron al definir, en el Art. 7º, el concepto de «ley  personal«,  en donde surgieron las oposiciones entre los países que consagran  la ley de domicilio  y aquellos  que todavía  seguían  la ley nacional o que contaban con sistemas mixtos. Las divergencias que dieron  lugar a múltiples  reservas contribuyeron a que hoy en día prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos  hayan abandonado el principio de la nacionalidad en favor del domicilio en sus legislaciones nacionales. Se puede afirmar, en este sentido, que gracias a la intensa labor codificatoria internacional y al desarrollo de la doctrina latinoamericana, que se puede hablar ahora de un DIPr originado en la región o de un DIPr latinoamericano en la medida que existen conceptos y categorías propias,  surgidos de las necesidades especificas de la región.

No obstante lo anterior,  puede  advertirse que la  influencia  del  Código  de Bustamante en las  legislaciones nacionales fue variable. Juergen  Samtleb, en uno de los trabajo  más completos que se han escrito sobre el Código de Bustamante,²¹ sostiene que dicho Código refleja «más las concepciones europeas que la situación jurídica real de América Latina«.²² De ahí que la influencia haya sido mayor en paises con sistemas más próximos a los europeos y, en especial, penetrados por la doctrina de Mancini sobre la ley nacional como el caso de Brasil, Cuba y Haití, y menos en países con una dogmática jurídica  latinoamericana en desarrollo como Venezuela y Argentina y menos aún en el caso de los países «del grupo chileno»²³ que adoptaron una posición contraria de naturaleza territorialista, como fue el propio Chile y otro  paises tales como Ecuador,  El Salvador y Costa  Rica. En Centroamérica la influencia del Código de Bustamante es variable.  En Bolivia y Perú tanto el Código de Bustamante como los tratados de Montevideo tienen una autoridad semejante.²⁴

Sin pretender restarles importancia a los tratados de Montevideo de 1939– 1940, éstos no tuvieron la misma repercusión de los primeros tratados celebrados en esta ciudad cincuenta años antes. Como lo mencioné, los acontecimientos mundiales, y en especial la Segunda Guerra Mundial, distrajeron la atención de los países participantes, lo que además influyó en la firma y ratificación de las convenciones. Por otra parte, como lo señaló el delegado del Perú a esa conferencia aunque con cierta exageración, «los  resultados  fueron  precarios y en  lugar de realizar una reaproximación lo que se hizo fue acentuar las divergencias entre varios países«.²⁵

 En  1948 hubo otro esfuerzo importante para sentar las bases de una nueva codificación, en este caso promovido por el profesor José Joaquín Caicedo Castilla en el seno del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Se trató de una propuesta que, a manera de síntesis, unificar a los tratados de Montevideo con el Código de Bustamante y a éstos, a su vez, con el recién aprobado Restatement of Law of Conflict of Laws de los Estados Unidos, propuesta que fue aprobada en 1952 y que de haberse realizado probablemente hubiera constituido una propuesta interesante pero que desafortunadamente no se llevó a cabo y, por tanto, careció de resultados prácticos y concretos.²⁶

Paso ahora en  este rápido y apretado resumen a la etapa que hoy en día estamos viviendo, en la que son perceptibles dos desarrollos codificatorios: uno el que se lleva a cabo bajo lo auspicios de la Comisión Especializada Interamericana sobre DIPr, conocida por CIDIP, y dos, el que se ha iniciado con motivo de los acuerdos de libre comercio.

Después de haberse  insistido sobre el tema en varias  ocasiones,²⁷ finalmente la Asamblea General de la OEA aprobó en 1971  la convocatoria a una Conferencia Especializada sobre DIPr.  lo que dio lugar a que se celebrara la primera conferencia en 1975 en la ciudad de Panamá.²⁸ A lo largo de sus cinco reuniones la CIDTP, como lo he mencionado.  aprobó 23 convenciones incluyendo los protocolos adicionales. Desafortunadamente el cuadro de ratificación no es alentador, pues además de los porcentajes que di al inicio de este trabajo sobre firmas y ratificaciones, los siguientes datos en este sentido son reveladores: tres convenciones aún no han sido ratificadas por ningún país a pesar de que una de ellas se firmó en 1984 y dos en 1994; dos convenciones sólo han sido ratificadas  por México, siendo que una data de 1984 y la otra de  1989; tres convenciones sólo han recibido la  ratificación de dos países. una de ellas fue firmada en 1984 y la otra en 1989.  Hasta aquí, hay ocho convenciones que tienen  un número de ratificaciones verdaderamente escaso o nulo.

Diez convenciones  mas tienen entre cinco y nueve  ratificaciones y sólo cinco convenciones menos de la cuarta parte tienen entre catorce  y dieciséis  ratificaciones. Entre estas últimas, cuatro de ellas se refieren  a cooperación procesal  internacional incluyendo la relativa a arbitraje comercial,  por lo que el énfasis de los países ratificantes ha sido definitivamente en esta dirección. Entre otras interpretaciones, puede decirse que la tendencia es hacia instrumentos internacionales que puedan ofrecer  una utilidad práctica y uso más  frecuente. En este  contexto me permito recordar el dato que di anteriormente: de los treinta y cuatro paises miembros de la OEA, la participación promedio de países en la CIDIP ha sido de diecinueve. Menciono los datos anteriores para ubicar objetivamente los resultados parciales  que en la práctica han tenido las convenciones derivadas de CIDIP.  Asimismo, las influencias de estas convenciones  han sido limitadas hasta el momento.

Sólo en dos países (Perú y México), el proceso  codificador de DIPr derivado de CIDIP ha tenido efectos relevantes. En el Perú, con motivo de la promulgación del nuevo Código Civil de 24 de Julio de 1984,²⁹ se introdujeron algunas disposiciones derivadas  del proceso de CIDIP; en el caso de México,  después de haber mantenido un sistema de territorialismo absoluto desde 1932, en 1988  se modificó la parte introductora al Código Civil para el Distrito Federal en materia de DIPr para incluir prácticamente toda la normatividad de la Convención  sobre Normas Generales  del DIPr de la CIDIP.³⁰

 La importancia que tiene este hecho para México es que el Código Civil para el D.F. se aplica  a cerca de 12 millones de personas y al mismo tiempo, este Código es de aplicación en materia Federal para toda  la República. Asimismo, en 1988 se modificaron los Códigos de procedimientos  civiles tanto para el  Distrito  Federal como el Código Federal y en estas modificaciones se incluyeron las disposiciones en materia de cooperación judicial internacional aprobadas en las diferentes convenciones de CIDIP.³¹

 En menor medida, Paraguay a raíz de las  modificaciones al Código Civil de 1985 se incluyeron disposiciones establecidas en el seno de la CIDIP, especialmente al considerar de oficio la aplicación, por parte del juez, del derecho extranjero (Art. 22), la misma modificación fue hecha en el Art. 9°, segunda parte, del Código de Organización  Judicial.³²

Quizá todavía sea temprano hablar de mayores influencias de CIDIP en los sistemas nacionales  de DIPr aunque en la doctrina ya hay varios ensayos publicados que posiblemente tengan repercusiones  en el futuro en los  legisladores  y en los jueces del área.

Me detengo aquí para hacer un balance a guisa de conclusión en el ámbito propiamente del DIPr y que es el que nos interesa específicamente en este trabajo. El haber analizado la historia de la codificación nos ha permitido ver en qué casos se ha avanzado o que otros, dicho proceso se ha entorpecido. Por lo que respecta al actual movimiento codificador, como lo mencioné, los avances han sido importantes aunque relativos. La relatividad de los avances en la codificación interamericana, en mi opinión, se ha debido a la mayor o menor confluencia real y cierta de intereses concretos que la impulsen y en esa medida, al menos por los resultados actuales, las influencias reciprocas entre dicha codificación y los sistemas de DIPr han sido aislados. Por ello, quizá valga la pena meditar sobre lo que hoy en día hace falta para motivar a los  intereses que provoquen un relanzamiento de la codificación hacia el siglo XXI. Percibo cuatro líneas de reflexión.

La primera,  no ha habido una relación sistemática entre  los avances en DIPr a nivel interamericano y lo que se ha alcanzado a nivel de integración económica, lo cual es sorprendente ya que el DIPr es, en gran medida, una materia sustantiva del comercio internacional y de crecimiento natural en la medida que se produce un mayor acercamiento entre sociedades de donde derivan  regulaciones no sólo en materia comercial sino también familiar.

La segunda reflexión la planteo,  nivel de pregunta, ¿hasta qué punto y aquí me uno a otras reflexiones previas lo que hemos alcanzado a nivel de la codificación interamericana tradicional se acerca a lo que se ha alcanzado en otros foros internacionales? y quizá ya es tiempo de volver a pensar sobre  la pertinencia de excitar a los intereses nacionales para que amplíen su participación en foros universales. El mundo de hoy,  incluyendo al latinoamericano, es radicalmente  diferente del que existía apenas hace 50 años. Ahora vivimos un mundo globalizado y quizá se este perdiendo sentido continuar en una labor puramente regional sobre temas generales, misma que solo puede justificarse cuando los temas y las materias sean real- mente  de naturaleza e interés regional.

Tercera reflexión. En el  caso de CIDIP que ha sido objeto central de las re- flexiones aquí expresadas, hay que infundirle un nuevo espíritu, ¿no convendría y también me hago eco de reflexiones previas que CIDIP tuviera un estatuto autónomo y permanente,  pues como lo señaló  en un trabajo publicado  hace un par de años el profesor Didier Opertti, son múltiples  y variados los pasos y los resortes que se tienen que mover para que la CIDIP  pueda llevarse a cabo y, muchas veces cuando esto sucede y aquí lo agrego  yo por la falta de interés real de los gobiernos, con frecuencia sus representantes dejan mucho que desear, con lo cual el nivel de discusión  decae)  el foro  interamericano  se constituye  sólo en el eco de 3  o 4⁴⁴ países. Este es también un aspecto que convendría analizar. Pero sobre todo, que los ternas de CIDIP sean realmente ternas de gran interés regional, temas que por sus características no sean tratados en foros universales ya que repetir lo que se discute en foros de cobertura mundial es causa, en gran medida,  como espero haberlo demostrado, del poco interés de los gobiernos del área.

Finalmente, la cuarta  reflexión, quizá  la más optimista sea con respecto  de los procesos codificatorios, de armonización y de unificación  normativa que se han empezado a gestar con motivo  de los tratados de libre comercio que empiezan  a desarrollarse en la región. Aquí, lo importante es estar atentos a que no se produzca una codificación separada que obedezca únicamente a los intereses propios de cada grupo, porque de ser así, los  fines de la codificación y las influencias que se persiguen no tendrán una repercusión amplia y profunda como ha sido el espíritu de la codificación latinoamericana durante más de un siglo y podría  suceder, que el movimiento latinoamericano se aisle de lo que acontece en el mundo, un mundo cada vez más complejo e interdependiente. CIDIP, debe por el contrario retornar esas necesidades de codificación, hacerlas suyas y enriquecer sus temarios para avivar la participación  de los países del  área, de tal  manera de convertirse, en una nueva etapa, en un organismo que atienda  las necesidades y demandas  que requieren  los países del área y transformarse así en un espacio de confluencias  y en un motor de la regulación del tráfico jurídico interamericano.