Es importante destacar que la reforma constitucional no se limita a incorporar a nuestra Ley Fundamental la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento sino que además modifica algunas de las hipótesis previstas para el otorgamiento de nuestra na­cionalidad, tanto originaria como derivada.

En sentido estricto y dejando a un lado el problema relativo a la validez de tal facultad reglamentaria, no era indispensable modificar la constitución para incorporar a la legislación la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento para aquellas personas que han emigrado y se han visto en la disyuntiva de adquirir otra nacionalidad, al ser «,..una ca­racterística del migrante mexicano mantener vivo el apego a sus raíces… (lo que les) conduce a que no busquen la adopción de otra nacionalidad, aunque así lo aconsejen sus intereses, ya sean laborales, ciudadanos, de bienestar familiar o de otra índole en el país donde residen. Se daría así con esta reforma un importante estímulo para quienes han vi­vido en el exterior, toda vez que se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado, pueda repatriarse a nuestro país…», toda vez que para ello, considero que bastaba con aumentar otra hipótesis al artículo 22 fracción I de la Ley de Nacionali­dad. En efecto, el derogado artículo 37, apartado A, fracción I constitucional señalaba:

«Art. 3 7.-

A. La nacionalidad mexicana se pierde:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera.»

Y el artículo 22 fracción I de la Ley de Nacionalidad reglamenta:

«Art. 22.- La nacionalidad mexicana se pierde por:

I. Adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, entendiéndose por tal la obtención de un documento oficial expedido por un Estado extranjero que lo acredite como su nacional.

No se considerará adquisición voluntaria la naturalización q11e hubiere  ope­rado por virtud de la ley. simple residencia o ser condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el adquirido.»

Por tanto, modificando el segundo párrafo del artículo 22, fracción I de la Ley de Na­cionalidad, se podría lograr este simple objetivo, sin alterar el texto constitucional. Tal apartado podría indicar lo siguiente:

No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la ley, por simple residencia, por ser condición indispensable para adquirir trabajo, para conservarlo o para continuar residiendo en el extranjero sin menoscabo de sus derechos frente a los nacionales de dicho lugar.

No obstante y como ha quedado señalado, el sentido de las reformas es más amplio y fundamentalmente establece lo siguiente:

a) Modifica el derogado artículo 30, apartado A, fracción  II constitucional,  a efecto de otorgar la nacionalidad mexicana por nacimiento sólo a aquellas personas que nazcan en el extranjero siendo hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional, o de madre mexica­na nacida en el territorio nacional, limitando con ello la posibilidad de que dichos mexicanos puedan otorgar nuevamente la nacionalidad mexicana a sus descen­dientes, lo que considero adecuado, toda vez que la anterior redacción permitía a los mexicanos nacidos en el extranjero que a su vez otorgaran nuestra nacionali­dad a sus hijos, y así sucesivamente, llegando a ser connacionales personas total­ mente desvinculadas con los intereses del país.

b) Adiciona una nueva fracción III al artículo 30, apartado A de la Constitución, a efecto de que sólo a las personas que nazcan en el extranjero siendo hijos de pa­dres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, se les considere como mexicanos y, por tan­ to, no a sus descendientes, evitando adecuadamente con ello, al igual que en la hi­pótesis analizada en el apartado anterior, que existían connacionales totalmente desvinculados con México.

c) Mantiene el artículo 30, apartado A, anteriormente fracción III constitucional, únicamente colocándolo en una nueva fracción IV, otorgando la nacionalidad me­xicana a los individuos que nacen a bordo de aeronaves mexicanas, sean de gue­rra o mercantes, hipótesis que debió derogarse, toda vez que este hecho puede surgir de una mera casualidad y, por lo tanto, no es digno de tenerse en cuenta para otorgar la nacionalidad.

d) Modifica el artículo 30, apartado B, fracción JI constitucional, eliminando el ca­rácter de automático a la naturalización obtenida por la mujer o varón extranjeros que contraen matrimonio con varón o mujer mexicanos y que tienen o establecen su domicilio dentro del territorio nacional, toda vez que adiciona la frase «y cum­ plan con los demás requisitos que al efecto señale la ley», con lo que se elimina la anterior inconstitucionalidad de los artículos 14 y 16 de la Ley de Nacionalidad, que exigen la solicitud del interesado a la Secretaría de Relaciones Exteriores ma­nifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Por lo anterior, con­sidero adecuado el cambio realizado

e) Modifica la redacción, deroga y adiciona supuestos normativos al artículo 32 constitucional, con la finalidad de:

– eliminar el carácter de mexicano por nacimiento para desempeñar el cargo de agente aduana! en la República, lo cual considero incorrecto, toda vez que man­tiene dicho requisito para ser capitán, piloto, patrón, maquinista, mecánico y, de manera general, para todo el personal que tripula cualquier embarcación o aero­nave que se ampara con la bandera o insignia mercante mexicana, por lo que, en todo caso, a similares supuestos se debió aplicar el mismo criterio. Asimismo, y como se detalla con posterioridad, es discutible que en los supuestos en los que la Constitución exige el carácter de mexicano, se limite a aquellos mexicanos por nacimiento, excluyendo a los naturalizados, los cuales gozan de menores dere­chos a pesar de ser también connacionales.

– disponer que la legislación deberá regular los derechos que tienen los mexicanos que posean otra nacionalidad. Lo anterior lo considero incorrecto, toda vez que ha sido muy discutido el hecho de que nuestros ordenamientos jurídicos esta­blezcan diversas categorías de mexicanos, no obstante que todos somos conna­cionales. En efecto, a manera de ejemplo cabe indicar que el artículo 82 fracción

I  de la Constitución exige como requisito para ser Presidente de la República

«Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años» (en consecuencia, se excluye a los mexicanos por nacimiento cuyos pa­dres no cumplen con este requisito); para ocupar ciertos cargos públicos y desa­rrollar determinadas actividades la Constitución exige carácter de mexicano por nacimiento (en consecuencia, se excluye a los mexicanos naturalizados), y ahora se contempla crear otra categoría de nacionales, al indicar que «La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad…».

– determinar que la legislación deberá establecer normas que busquen evitar los llamados conflictos de nacionalidad, lo cual considero a todas luces adecuado, ya que al aceptar abiertamente la doble o múltiple nacionalidad es necesario crear criterios legislativos para determinar la nacionalidad que debe ser preferi­da, a efecto de derivar con ello el derecho aplicable en casos específicos, lo que actualmente no es contemplado por la Ley de Nacionalidad, a diferencia de la abrogada Ley de Nacionalidad y Naturalización, la cual en su artículo 52, utilizando una avanzada fórmula, señalaba: «Al individuo que las legislaciones ex­tranjeras atribuyan dos o más nacionalidades distintas a la mexicana, se le consi­derará, para todos los efectos que deben tener lugar dentro de la República, como de una sola nacionalidad, que será la del país en donde tenga su principal residencia habitual, y si no reside en ninguno de los países cuya nacionalidad ostenta, se estimará como la de la nacionalidad de aquél al que según las cir­cunstancias del caso aparezca más íntimamente vinculado».

– determinar que cuando se exija el carácter de mexicano por nacimiento para ocupar cargos públicos, ello es limitado para quienes tienen esta calidad y no adquieran otra nacionalidad, lo cual considero correcto. Sin embargo, debido a su inadecuada redacción, es discutible determinar si tal hipótesis también se aplica a todos aquellos mexicanos por nacimiento que no han adquirido volunta­riamente otra nacionalidad, pero que, no obstante, poseen una o varias naciona­lidades distintas a la mexicana desde el momento de su nacimiento. Por lo anterior, considero que la redacción adecuada debió ser:

El ejercicio  de los cargos y funciones para  los cuales, por  disposición  de la presente  Constitución, se requiere ser mexicano por  nacimiento, se reserva  a quiénes tengan esa calidad y no posean otra nacionalidad.

f) Creando un apartado A al artículo 37 constitucional, a efecto de establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, señalando que: «Ningún me­xicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad».

g) Limita las hipótesis de pérdida de la nacionalidad sólo para los mexicanos por na­turalización, incorporando un apartado B al artículo 37 constitucional. Cabe des­ tacar que se realiza una pequeña pero importante modificación a la sanción de pérdida resultante del hecho de que el naturalizado resida durante cinco años con­tinuos en el país de su origen, sancionando al que lo haga simplemente en el ex­tranjero, lo que considero adecuado, toda vez que la conducta digna de tomarse en cuenta es la desvinculación con México y no el lugar en donde ésta se realizó. No obstante, cabe indicar que a resultado difícil para las autoridades mexicanas el determinar en que casos el naturalizado se ha adecuado a esta última hipótesis, ra­zón por la cual considero necesario que la ley reglamentaria establezca mecanis­mos para resolver tal problema y que, además, prevea un procedimiento específico para declarar, en cualquiera de los supuestos constitucionales, la pérdi­da de la nacionalidad mexicana.

Un aspecto de suma importancia, y que sin duda alguna fomentará el flujo de capital ex­tranjero, es que no se contabilizará dentro de las actividades con límites en la participa­ción extranjera, los flujos de inversión que realicen sociedades mexicanas con mayoría de capital nacional, siempre y cuando esté controlada por mexicanos.

De esta manera y de forma indirecta, la participación extranjera podrá participar en por­centajes mayores a los establecidos por la propia ley, lo cual para todos fines prácticos signi­fica la eliminación de los porcentajes que son contenidos por la propia legislación.

Por lo que se refiere a la ampliación o liberalización en los porcentajes en los que la inversión directa puede participar, las reformas reflejan los cambios aprobados por el Congreso en leyes específicas, por lo que en estricto sentido no amplían los porcentajes de inversión sino que se armonizan.

Así, la inversión extranjera puede participar en un porcentaje de hasta el 100% en la prestación de servicios de televisión por cable, de telefonía básica y de servicios conexos al sector ferrocarrilero (en los que se necesita resolución favorable de la Comisión Na­cional de Inversiones Extranjeras para invertir en un porcentaje mayor al 49%).

Asimismo, se amplió a 49% (antes estaba limitado a 30%) el porcentaje de inversión extranjera que puede participar en sociedades controladoras de agrupaciones financieras; instituciones de crédito de banca múltiple; casas de bolsa y especialistas bursátiles, y se incorporan a este rubro empresas administradoras de fondos para el retiro y sociedades concesionarias que presten ciertos servicios de telecomunicaciones.

De hecho, si comparamos la Ley con el Tratado de Libre Comercio, solamente po­dríamos encontrar dos áreas en las que los inversionistas de Canadá y los Estados Unidos de América gozan de preferencias en materia de inversión, con relación a inversionistas de otros países. La primera de ellas se refiere al establecimiento y operación de socieda­des e instituciones financieras y sus filiales; la segunda se relaciona con la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros entre dos o más puntos dentro de la Repú­blica mexicana.

Las reformas contienen un artículo en el que se establecen las reglas para la adquisición de bienes inmuebles u obtención de concesiones por parte de extranjeros o sociedades con cláusula de admisión, cuando aquellos se localizan fuera de la zona restringida. En todos los casos deberá manifestarse la sujeción a la Cláusula Calvo.

Bajo nuestro punto de vista es en este supuesto, en donde las reformas crean una cierta contradicción, en virtud de que por una parte, sustituyen el requisito de registro por el de aviso, cuando se adquieren bienes inmuebles para fines no residenciales dentro de la zona restringida, mientras que por la otra, establece como requisito tal registro para las adquisiciones fuera de la zona restringida, área en donde la estabilidad y seguridad nacionales podrían ser menos vulnerables.

A partir de las reformas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), tiene la obligación de publicar y mantener actualizado un listado en el que se incluyan todos los municipios del país, en el que además se indique si los mismos se en­cuentran total o parcialmente dentro o fuera de la zona restringida.

En este orden de ideas, consideramos que esta obligación al INEGI crea algunas am­bigüedades en el ámbito práctico. En primer lugar, dicho listado no ha sido publicado, a pesar de que las reformas ya se encuentran en vigor, en segundo, estimamos muy difícil su publicación, en virtud de que en la actualidad existen serias diferencias por lo que se refiere al establecimiento y reconocimiento de límites estatales, por lo que la problemáti­ca aumenta al hablarse del establecimiento de límites municipales.

El artículo  21 de la ley, relativo a la inversión neutra en sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple y casas de bolsa en el que la Secreta­ ría de Comercio y Fomento Industrial resolvía sobre la inversión neutra mediante la ad­quisición de certificados de  participación ordinarios  emitidos por instituciones fiduciarias fue derogado, atendiendo a que la serie de reformas de las que fue objeto la legislación financiera en su conjunto dejaron su concepto en la obsolescencia.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se in­tegra a la estructura de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y se elimina de la misma a la desaparecida Secretaría de Minas e Industria Paraestatal. Se prevé la parti­cipación de otras autoridades y representantes del sector privado en las reuniones de la Comisión, cuando las mismas tengan relación con los asuntos a tratarse.

Por lo que se refiere a las reuniones de la Comisión, se establece que ésta deberá reu­nirse cuando menos cada seis meses y se fija como criterio para la adopción de decisio­nes la mayoría de votos. El presidente de la Comisión cuenta con voto de calidad.

Se estipula también que el Comité de Representantes de la Comisión, se deberá reunir al menos cada cuatro meses. Anteriormente, no se estipulaba un plazo para la cele­bración de sus sesiones. Asimismo, se redujo de un año a cuatro meses el periodo en el que el Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá rendir su informe al Congreso de la Unión, sobre el estado de la inversión extranjera en México.

Finalmente, dentro de la sección relativa al Registro Nacional de Inversiones Extran­jeras, se incluye la obligación de registrar toda aquella inversión extranjera que participe en sociedades mexicanas, inclusive a través de fideicomisos, así como la inversión neutra.

De esta suerte, las reformas recopilan uno a uno los porcentajes de participación de la inversión extranjera que se encontraban contenidos en leyes específicas, reflejándose de manera eficaz los cambios y procesos de apertura que se han vivido en México duran­ te la última década, razón por la cual, la ley se constituye efectivamente en una ley espe­jo; asimismo, incluye una serie de disposiciones que sin duda permitirán captar gran inversión extranjera a México por medio de un marco jurídico claro y transparente.