1. El Diario Oficial de la Federación publicó, el 7 de mayo de 1997, un decreto mediante el cual se reforman diversas leyes de carácter financiero, concretamente, la Ley de Ins­tituciones de Crédito (artículo 115), la Ley del Mercado de Valores (artículo 52 bis 3), la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito (artículo 95) y, por último, la Ley General de instituciones de Crédito y Sociedades Mutualistas de Seguros (artículo 140) con el propósito de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar, en las instituciones de crédito y sociedades financieras, actos u operaciones que pudieran estar encuadrados en la tipificación del artículo 400 bis del Código Penal, es decir, del delito que se ha denominado lavado de dinero.

2. La expresión lavado de dinero se empezó a utilizar en los Estados Unidos hacia fina­ les de la década de los veintes, en relación con las actividades realizadas por Al Capone y demás mafiosos de Chicago que creaban diversas compañías y empresas para invertir el dinero ilícitamente obtenido.

3. Es decir, se entendía por lavado de dinero aquellos procedimientos destinados a transfomar la identidad del dinero ilícitamente obtenido con el propósito de aparentar una licitud que no tenia. Por lo tanto, lo que se pretendía era encubrir las actividades cri­minales o ilegales asociadas con dicho dinero, tales corno tráfico de enervantes, evasión fiscal y corrupción.

4. Decíamos en otra parte: «Es de sobra conocido que el lavado de dinero es una for­ ma de apoyo para realizar actividades criminales de mayor envergadura, especialmente el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de blancas y el comercio internacional de me­nores, y consiste en «asear o limpiar» dinero con el fin de encubrir o simular el origen de dichos recursos».¹

5. Con base en lo establecido en el artículo 400 bis. capítulo II. referente a operacio­nes con recursos de procedencia ilícita, del Código Penal para el Distrito Federal en Ma­teria del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. se entiende por lavado de dinero aquella conducta mediante la cual alguna persona adquie­ra, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, re­ cursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósi­tos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, des­ tino o  propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita.

6. Cabe agregar que las reformas publicadas en el Diario Oficial del 13 de mayo de 1996 al mismo Código Penal establecían que para que proceda una denuncia de carácter penal en que se han utilizado servicios de instituciones que integran el sistema financiero nacional se requerirá denuncia previa de la Secretaría de Hacienda.

7. Las formas para lavar el dinero consisten en transacciones financieras y legales de­masiado sofisticadas.  Sería largo enumerar dichas formas, pero a guisa de ejemplo se puede mencionar el cambio de billetes de baja denominación a billetes de alta denomina­ción, lo que facilita extremadamente su transporte.

8. Asimismo, se suelen realizar operaciones en organizaciones financieras o banca­rias fuera del territorio nacional: por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria en algu­no de los países denominados paraísos fiscales o bancarios;² la utilización de bancos corresponsales a nivel internacional: la creación o adquisición de pequeños bancos ex­tranjeros; la creación de compañías o empresas, en el territorio nacional o en el extranje­ro, que sirvan como cortina para ocultar el origen ilícito del dinero. En el caso mexicano, los recursos se canalizan a diversos sectores, especialmente a la compra de bienes inmue­bles o de casas de cambio fronterizas.

9. La comunidad internacional de Estados ha realizado una serie de esfuerzos a fin de combatir el nefasto crimen del lavado de dinero: ha diseñado leyes modelo; se han sus­crito diversos tratados: se han ideado directrices y se han realizado estudios y documen­tos del problema.

10 Se calcula que diariamente la comunidad financiera internacional mueve divisas por más de 900 mil millones de pesos; más de 200 mil millones en bonos y que superan los 25 mil millones en acciones, todo en dólares estadounidenses, lo que convierte a la banca internacional en el principal vehículo para «blanquear» dinero de dudosa proce­dencia, transformándose así en cómplice de los delincuentes internacionales. Según esti­maciones recientes actualmente se  lavan  más  de  500  mil  millones de  dólares estadounidenses cada año, de los cuales son procesados en los bancos de Estados Unidos más de 100 mil millones. Los 500 mil millones de dólares representan el 2% del PIB mundial, según el Fondo Monetario Mundial.

11. Generalmente, la banca internacional es reacia a cooperar o a que se establezcan normas para evitar el lavado internacional de dinero en virtud de que considera que se violaría el llamado secreto bancario o a que la aceptación de una serie de operaciones y de controles en relación con depósitos u operaciones le restaría eficacia y, por lo tanto, se podría destruir la credibilidad que supuestamente le tienen sus usuarios.

12. Sin embargo, se estima que el dar transparencia a las operaciones bancarias y financieras, indagando el origen de sus depósitos u operaciones, le daría una mayor confianza a la banca nacional e internacional, evitando que se le impongan severas san­ciones.

13. Cabe mencionar que algunos países se han negado en forma absoluta a cooperar para la investigación de actos ilegales en cuanto a depósitos. Tales son Suiza y Luxem­burgo, aunque el primero ya empezó,  desde  hace algunos años, a cooperar en la investi­gación de operaciones que encubran el origen ilegítimo del dinero, doblegado por las enormes presiones internacionales, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, y para disipar las serias acusaciones en contra de los banqueros suizos que supuestamente colaboraron con los nazis para lavar dinero confiscado a los empresarios de origen judío y sirvieron como institución depositaria del oro que arrancaban de las dentaduras de las víctimas de los campos de concentración.

14. Dentro de los esfuerzos internacionales que se han desplegado para combatir el lavado transfronterizo de dinero, está, entre otros, la Convención de Viena contra el Trá­fico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que fue firmada el 20 de diciembre de 1988 y auspiciada por Naciones Unidas.

15. En efecto, dicho convenio multilateral sobre estupefacientes tiene como principal objetivo luchar contra las enormes ganancias que genera su tráfico ilícito, lo que ha per­mitido a las sociedades criminales organizadas corromper las estructuras de muchos Es­tados nacionales, del comercio legítimo, de los negocios financieros y bancarios y, aún, de la misma sociedad.

16. No cabe duda que uno de los principales objetivos de la Convención de Viena es despojar a aquellas personas involucradas en el comercio ilegal de psicotrópicos de sus enormes ganancias mal habidas para desestimular dicho comercio y privarlo de su prin­cipal incentivo.

32. Veamos ahora que está sucediendo en los Estados Unidos con respecto al lavado de dinero. En este país el gobierno implantó, desde hace algunas décadas, el método de informes escritos periódicos y su correspondiente  investigación,  únicamente por parte del sector gubernamental, que se llan1a, por sus siglas en inglés, CTR (Cash Transactions Reports) para detectar exclusivamente transacciones en efectivo realizadas ante los bancos.

33. El sistema CTR ha costado, hasta la fecha, más de 50 millones de dólares, e in­vestiga también vehículos, ventas de joyas  y arte, y hasta datos para obtener licencias para conducir autos, por lo que constituye una invaluable fuente de infom1ación para las autoridades competentes de los Estados Unidos. El Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (CISEN) constituye la cabeza de las autoridades dedicadas a investigar el blan­queo de dinero. En 1996 dicho centro informó de más de 8 mil operaciones  sospechosas detectadas en el sistema financiero estado1midense.

34. Cabe mencionar  que paralelamente al CTR existen sistemas privados y gubernamentales para rastrear otro tipo de transacciones u operaciones, tales como el SAR (Sus­picius Activities Report) y el Fed -WIRE.

35. Además de los instrumentos internacionales anteriormente mencionados y anali­zados se podrían agregar otros más, entre ellos, las Disposiciones del Comité de Basilea, y las Cuarenta Recomendaciones del Financia/ Action Task Force del G-7, ahora G-8, a partir de la reciente incorporación de Rusia.

36. Según la prensa nacional e internacional, México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela son los países del continente que mayor cantidad de dinero lavan, especial­ mente con motivo del narcotráfico. El territorio mexicano es el primer sitio para el depó­sito inicial de dinero sucio, dentro del sistema financiero mundial. y de acuerdo con las mismas fuentes, el dinero que se filtra vía las instituciones bancarias y financieras, así como d.e las más de dos mil casas de cambio que operan a lo largo de los más de tres mil quinientos kilómetros de frontera con los Estados Unidos.

37. Para la comunidad financiera internacional las operaciones para lavar dinero tie­nen consecuencias nefastas, por lo que su combate debe constituir una alta prioridad, ya que es un delito incompatible con la liberalización de los mercados internacionales. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea adoptar controles muy estrictos por par­ te de los bancos, siempre y cuando no se impida el «libre movimiento de los capitales».³

38. Analistas financieros han señalado que la Unión Americana es parte importante del problema del lavado de dinero, sobre todo porque ha mostrado renuencia a admitir que los denominados paraísos fiscales del Caribe, promovidos por su legislación, en don­ de tienen sucursales las grandes instituciones, son santuarios virtuales de miles de millones de dólares de grupos criminales.⁴

39. «La institución internacional destacó la aprobación de nuevas leyes para sancio­nar, además de reforzar, las reglas a las que se sujetarán los bancos, las sociedades de ob­ jeto limitado, casas de bolsa y cambio, especialistas bursátiles, en las operaciones que realicen con sus clientes por un monto igual o superior a 10 mil dólares, o su equivalente en cheque, efectivo, de viajero, en oro y plata amonedadas».⁵

40. El antecedente inmediato de las refom1as del 7 de mayo de 1997 lo fueron los tres decretos emitidos por la Secretaria de Hacienda el 10 de marzo del mismo año y que contienen la disposiciones de carácter general que regulan el lavado de dinero en las ca­sas de bolsa, las instituciones de crédito, sociedades financieras y casas de cambio. las que supuestamente deberían de haber entrado en vigor el 2 de mayo de 1997, hecho que no sucedió.

41. En efecto, la Disposición Primera definía lo que se entiende por casas de bolsa. bancos y casas de can1bio, operaciones,  etc., y al llegar a «operaciones sospechosas», es­tablecía que es aquella operación que realice una persona física o moral en los términos de la ley respectiva en razón al monto, frecuencia, tipo y naturaleza de la operación; al lugar, región o zona en que se efectúe; a los antecedentes y a la actividad de la persona física o moral; así como a los criterios contenidos en los manuales de operación que las casas de bolsa, bancos y casas de cambio deberán formular y registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo establecido por la Disposición Cuarta.

42. Asimismo, definía como «operación relevante» aquella que se realice en cualquier instrumento monetario, por un monto igual o superior equivalente 10 mil dólares de los Estados Unidos, en moneda nacional o en cualquier otra de curso legal.

43. La Disposición Segunda establecía que las casas de bolsa, bancos y casas de cam­bio deberán dictar medidas concretas y estrictas de identificación y conocimiento previa­ mente a la realización de las operaciones, de acuerdo a lo siguiente:

44. En el caso de las personas físicas, cuando realicen operaciones iguales o supe­riores a la suma mencionada arriba deberán exigir una identificación personal, en la cual aparezca la fotografía del portador, su firma y domicilio, debiendo conservar la casa de bolsa, banco o casa de cambio copia de dichos documentos.

45. Además, las casas de bolsa, banco o casas de cambio debían exigir prueba plena de identificación del cliente conteniendo una cantidad de datos, y debiéndose conservar, también, copia fotostática de todos los documentos, lo cual entrañaba una excesiva buro­cratización de las operaciones que muy seguramente iban a frenar su eficiencia y ce­leridad.

46. Por otro lado, tratándose de clientes que sean personas morales también se les de­bía exigir prueba plena de su identificación y una serie de documentos, entre otros, el acta constitutiva. Asimismo, se debía abrir un expediente que contuviera una copia fotos­tática de todos los documentos exigidos.

47. Para las personas físicas de nacionalidad extranjera. además de los requisitos se­ñalados anteriom1ente.  se les debía exigir el original de su pasaporte y del documento que acreditara su existencia legal. Esto último, tratándose de personas morales.

48. Así pues. las instituciones anteriores debían identificar plenamente a sus clientes en los tém1Íl1os anteriores, cuando depositaran cantidades superiores a los 10 mil dólares de los Estados Unidos en cualquier moneda de curso legal.

58. Decíamos antes que en el Diario Oficial del 7 de mayo de 1997 se publicó un decreto mediante el cual se refom1an diversas leyes financieras para combatir el «blanqueo» de dinero. Concretamente, se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto. sexto y séptimo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; se reformó el pá­rrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores; se refom1ó el párrafo tercero y se adicionaron los párra­fos cuarto, quinto y sexto del artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Activi­dades Auxiliares de Crédito: se refom1ó el cuarto párrafo y se adicionaron los párrafos quinto, sexto y séptimo del articulo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y, por último, se reformó el tercer párrafo y se adicionaron los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del articulo 112 de la Ley Federal Instituciones de Fianzas.

59. Como todas las reformas y adiciones son idénticas, al formular comentarios a una de las leyes en realidad se hacen comentarios a todas.

60. La Secretaría de Hacienda, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, deberá dictar Disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las instituciones de crédito y socie­dades financieras, casas de bolsas, organizaciones auxiliares del crédito y casas de cam­bio, instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, actos u operaciones que estén tipificados en el artículo 400 bis del Código Penal, estableciendo la obligación de dichas instituciones de presentar a la Secretaria, por conducto de la Co­ misión, reportes o informes sobre las operaciones y servicios que realicen sus clientes o usuarios, por los montos y los supuestos que se establezcan. Cabe aclarar que los montos serán, seguramente, de más de 5  mil dólares.

61. Dichas Disposiciones deberán tomar en cuenta, entre otros aspectos, los criterios para identificar adecuadamente a los clientes o usuarios, considerando sus condiciones especificas y la actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y natu­raleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen y su rela­ción con las actividades de sus clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales y bancarias que priven en las mismas; la debida y oportuna capaci­tación de su personal y las medidas específicas de seguridad en el manejo de las opera­ciones de las propias instituciones. El cumplimiento de la obligación de presentar los infom1es previstos no implicará transgresión alguna al llan1ado secreto bancario o confi­dencialidad.

62. Las disposiciones deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración. comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los citados intem1ediarios, y su violación será sancionada por la Comisión Nacional Ban­caria, con multas equivalentes del 1O al 100% del acto u operación de que se trate.

63. Tanto los funcionarios de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcio­narios y empleados de los intern1ediarios financieros deberán abstenerse de dar noticia o información de las mencionadas operaciones a personas, dependencias o entidades dis­ tintas de las autoridades competentes y su violación será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

64. Seguramente las disposiciones generales y los manuales de operación habrán de definir algunos conceptos, entre otros, «operación sospechosa y «operación relevante», que indudablemente será aquella por un monto igual o superior al equivalente a 5 mil dó­lares de los Estados Unidos o cualquiera otra moneda de curso legal.

65. Asimismo, las disposiciones generales y los manuales deberán exigir una identifi­cación personal, que contenga los datos del usuario, y la obligación de que el banco guarde una copia de los documentos. También el banco deberá abrir un expediente de identificación del cliente. El riesgo de exigir los términos anteriores es que las institucio­nes aludidas se burocraticen demasiado y se sobresaturen de documentos, en merma de su eficacia.

66. Seguramente las disposiciones generales y los manuales deberán prever la hipóte­sis de que una o varias personas hagan uno o varios depósitos u operaciones, a nombre propio o de otras personas, por 4,999 dólares de los Estados Unidos, en el curso de un mismo día o mes, pues de otra manera se estarla violando el espíritu y letra de las Dispo­siciones. A lo anterior se le ha denominado, en los Estados Unidos, «operación hormiga».

67. Entendemos que las casas de bolsa, bancos, casas de cambio y demás institucio­nes involucradas deberán desarrollar amplios e intensos programas de capacitación del personal.

«Por la creciente importancia y complejidad de los flujos migratorios, el Po­der Ejecutivo Federal se dio a la tarea de revisar el marco jurídico migratorio a efecto de proponer al Honorable Congreso de la Unión las reformas y adi­ciones a la Ley General de Población que exigen los tiempos actuales, en con­cordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000.

El Ejecutivo Federal ha establecido tres grandes líneas de acción en mate­ria migratoria:

– Contribuir de manera permanente en la definición y actualización de una po­ lítica migratoria que responda a los objetivos nacionales y aliente los flujos migratorios que benefician al país.

– Ejercer la facultad de vigilancia migratoria en el territorio nacional, en un marco de respeto a la le y a los derechos humanos.

-Mejorar la calidad de los servicios, a través de la precisión en el ejercicio de la facultad discrecional, la simplificación de trámites el desarrollo del perso­nal, la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la eficiencia adminis­trativa, la  colaboración interinstitucional y el  fomento de  la  cultura de servicio y honestidad.

En la consecución de esos objetivos se ha encontrado que algunos aspectos de la norma son susceptibles de mejorarse en aras de lograr mayor efectividad en la actualización administrativa, con un apego más puntual a los principios de legalidad.  ce11eza, seguridad jurídica y, desde luego, una más justa y equitati­va apreciación de las circunstancias específicas en favor de los gobernados. La refoma propuesta busca dar mayor protección a los derechos humanos de aquellos extranjeros que han decidido radicar en nuestro país; dar mayor se­guridad jurídica en los trámites y procedimientos migratorios; propiciar la in­tegración familiar y combatir con mayor rigor los delitos vinculados con el tráfico de s eres humanos.

En nuestro país la migración es un fenómeno que cobra cada día mayor impor­tancia y se manifiesta de diferentes maneras. A México reúne las tres caracterís­ticas que integran a este fenómeno: origen, tránsito y destino de los migrantes. La situación geográfica de nuestra nación, en especial su cercanía con el país más desarrollado del mundo, así como las tendencias de internacionalización en que se encuentra inmersa, han motivado un aumento significativo de los flu­jos de migración, que incide de manera importante en el comercio exterior, el turismo, la política internacional, la captación de divisas, la seguridad nacio­nal y en el desarrollo social y económico del país.

A partir de las consideraciones se ha estimando conveniente reformar y adicio­nar la ley General de Población...»

Las modificaciones realizadas, que se refieren a muy diversos aspectos de este orde­namiento jurídico, en su gran mayoría las considero adecuadas para lograr una más justa regulación de la internación y estancia de los extranjeros al país. Por su importancia en­traré a comentarlas en el siguiente apartado.

11. Se reformó el artículo -l9 referente a la calidad de Inmigrante característica de Científicos y Técnicos, para eliminar la obligación de que instruyan a por lo me­ nos tres mexicanos en su especialidad, substituyéndola por otra igualmente bené­fica para el desarrollo económico y científico del país, consistente en instruir «a mexicanos mediante conferencias, cursos y cátedras, entre otros medios».

12. Se adicionó el artículo 63, para obligar a los e:-..tranjeros admitidos en la caracte­rística de Ministros de Culto o Asociado Religioso (incorporada en el artículo 42 fracción IV) pan inscribirse en el Registro Nacional de E:-..tranjeros. siendo ade­cuado, toda vez que a otras características migratorias se les impone la misma obligación.

13. Se reformó el articulo 68 con dos finalidades:

a) El primer párrafo. para permitir que los Jueces y Oficiales del Registro Civil, de manera humanitaria y sólo en los casos de nacimientos de hijos de extran­jeros y de defw1ciones, realicen tales registros sin que los extranjeros que in­tervengan tengan que acreditar su legal estancia en el país, con la finalidad de que los indocumentados o a quienes se les venció su calidad migratoria y se encuentran en el país irregularmente, no duden en acudir a las autoridades para informar dichos acontecimientos por el temor a ser deportados. A este respecto; en la exposición de motivos se indica «…Un avance significativo para consolidar el reconocimiento de los derechos humanos está consignado en la propuesta de reforma al art. 68 para permitir el registro, en tiempo, de los nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional, sin solicitar la comprobación previa de legal estancia de los padres. Con lo ante­rior, se evita que dichos menores tengan obstáculos en el acceso a servicios públicos básicos, tales como la educación y la salud, pudiendo ejercer a ple­nitud todos sus derechos constitucionales como mexicanos. Igual situación se aplicará en el caso de defunciones de extranjeros o en las que comparez­can éstos…»

b) El seguido párrafo para ordenar que se inscriban en el Registro Nacional de Extranjeros los matrimonios y divorcios realizados entre mexicanos y extran­jeros, a efecto de que la autoridad migratoria tenga conocimiento de ello, lo cual es importante debido a las transcendentes consecuencias que se producen en relación con la regulación de su estancia en México y en el otorgamiento de nuestra nacionalidad, procurando con ello evitar el fraude a la ley que con frecuencia se realiza al simular tales actos y con la finalidad de que la autori­dad esté en posibilidad de aplicar con mayor facilidad las sanciones a que se refiere el artículo 39.

14. Se utilizó el espacio del derogado articulo 70 a efecto de que, atendiendo a los principios de seguridad jurídica, se establezca un plazo de treinta días hábiles para que la autoridad migratoria expida a los extranjeros certificados de legal es­tancia en el país, ya que con anterioridad no se fijaba ninguno.

15. Se refom1aron  los artículos 115, 116. 135 y 140, con la finalidad de que las mul­tas que contemplan se fijen en base al salario mínimo, evitando con ello que la inflación haga nugatoria la sanción. así como para limitar los arrestos administrati­vos que se deberán imponer para el caso de no cubrirse la multa a tan sólo treinta y seis horas. ya que la Suprema Corte de Justicia ha considerado inconstitucional lo contrario.

16. Se reformó el artículo 126 que consideraba en todos los casos a la expulsión como definitiva, a efecto de que la autoridad administrativa, después de calificar la infracción. pueda darle el carácter de pem1anente o temporal. En este último caso, se podrá autorizar la readmisión del extranjero mediante acuerdo expreso del Subsecretario o del Secretario de Gobernación. Cabe indicar que en la refor­ma no se modificó el error existente, ya que técnicamente no se debió referir a la expulsión sino a la deportación, toda vez que la primera tiene un sentido diferen­te, regulado por el artículo 33 constitucional, consistente en la facultad exclusiva del Ejecutivo de la Unión para hacer abandonar el territorio nacional, inmediata­ mente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juz­gue inconveniente.

17. Se reformó el artículo 138 y se le adicionó un párrafo, con la finalidad de casti­gar con mayor severidad a quienes cometen el delito de tráfico de indocumen­tados.

18. Se adicionó  el artículo 139 bis, a efecto de sancionar a aquellas personas que in­ cumplan con las obligaciones derivadas de la custodia de un extranjero, situación que anteriom1ente no era reprimida por la ley migratoria.

19. Se adicionó el Capítulo IX denominado «Del Procedimiento Migratorio», lo cual es a todas luces conve1úente para eliminar la discrecionalidad y otorgar segu­ridad jurídica a los extranjeros en los tramites que deben de realizar ante el Insti­ tuto  Nacional de  Migración. Este  procedimiento establece  los  siguientes lineamientos: en fom1a supletoria se aplica la Ley Federal del Procedimiento Ad­ministrativo; los solicitantes con interés jurídico pueden comparecer en fofl11a di­ recta o por conducto de apoderado; la autoridad migratoria podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer. y la autoridad migratoria cuenta con un plazo hasta de noventa días naturales para dictar la resolu­ción que corresponda, en el entendido de que en caso de no hacerlo se entenderá que la respuesta es en sentido negativo (negativa ficta).

20. Se adicionó el Capítulo X denominado «Del Procedimiento de verificación y Vi­gilancia», lo cual es a todas luces conveniente. ya que se establecen los diferentes tipos de diligencias y sus lineamientos para que la autoridad migratoria pueda notificar la existencia de alguna infracción y, en su caso, la aplicación de la sanción correspondiente.

CAPITULO IX
Del Procedimiento Migratorio

ARTICULO 145. los trámites de internación, estancia y salida de los ex­tranjeros, así como de los permisos que se soliciten al Servicio de Migración, se regirán por las disposiciones que a continuación se mencionan y, en forma supletoria, por la ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposi­ciones y criterios que al efecto emita la Secretaría de Gobernación.

ARTICULO 146. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las promociones y documentos que hayan presentado en el procedimiento adminis­trativo migratorio y de las resoluciones que recaigan a éstos, las que le serán entregadas en un plazo no mayor de treinta días hábiles. La demás documentación es confidencial, únicamente se podrá expedir copia certificada si existe mandamiento judicial que así lo determine.

ARTICULO 147.  Los solicitantes que acrediten su  interés jurídico en el trámite migratorio podrán comparecer en forma directa o por conducto de apoderado legalmente a11torizado, mediante poder notarial, carta poder ratifi­cada ante fedatario público o, en su caso, mediante autorización en el propio escrito.

ARTICULO 148. Las promociones ante la Secretaria de Gobernación se­rán suscritas por el interesado o representante legal y, en caso de que n0 sepa o n0 pueda firmarla; se imprimirá la huella digital.

En su caso, deberán acompañarse las constancias relativas a los requisitos que señala esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables para el trámite respectivo.

ARTICULO 149. La autoridad migratoria podrá allegarse los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

ARTICULO 150. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes y que la autoridad constate que no existe trámite pendiente u obligación que satisfa­cer, o bien impedimento legal alguno, dictará resolución sobre todas las cues­tiones planteadas por el interesado y las que de oficio se deriven del mismo, debiendo fundar y motivar su determinación, sin que para ello se exija mayor formalidad.

La autoridad migratoria contará con un plazo de hasta noventa días natu­rales para dictar la resolución correspondiente, contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables; transcu­rrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo. Si el particular lo solicitare, la autoridad emitirá constancia de tal hecho.

CAPITULO X
Del procedimiento de ve1ificació11 y vigilancia

ARTICULO 151. Fuera de los puntos fijos de revisión establecidos confor­me a las disposiciones de esta Ley, la autoridad migrato11a podrá llevar a cabo las siguientes diligencias:

I. Visitas de verificación;

II. Comparecencia del extranjero ante la autoridad migratoria;

III. Recepción y desahogo de denuncias y testimonios;

IV. Solicitud de informes:

V. Revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los esta­blecidos, y

VI. Obtención de los demás elementos de convicción necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas procedentes.

ARTICULO 152. Si con motivo de la verificación se desprende alguna in­ fracción a o dispuesto en la Ley, su Reglamento o demás disposiciones aplica­bles que amerite la expulsión del extranjero, el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento.

ARTICULO 153. La Secretaria de Gobernación, considerando las circunstancias especiales que ocurran en cada caso, podrá entregar al extranjero ase­gurado, en custodia provisional,  a  persona  o  institución  de  reconocida solvencia.

El extranjero entregado en custodia estará obligado a otorgar una garan­tía, comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiero y firmar en el libro de control de extranjeros.

ARTICULO 154. La Secretaria de Gobernación, al requerir la compare­cencia del extranjero, a que se refiere la fracción  II del artículo 151 de esta Ley, deberá cumplir con las siguientes formalidades:

I. Al citarlo, lo hará por escrito con acuse de recibo, haciéndole saber el motivo de la comparecencia; el lugar, hora, día, mes y año en que tendrá veri­ficativo; en su caso, los hechos que se le imputen y su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, y

II. Apercibirlo que de no concurrir a dicha comparecencia, salvo causa plenamente justificada, se tendrá presuntivamente por cie1tos los hechos que se le imputen y se le aplicarán las sanciones previstas por la Ley.

ARTICULO 155. De la comparecencia aludida en el artículo anterior, se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos presentados por el compareciente, en caso de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación los nom­brará. En el acta se hará constar:

I. Lugar, hora, día, mes y m1o en la que se inicie y concluya la diligencia;

II. Nombre y domicilio del compareciente:

III. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

IV  Relación sucinta de los hechos y circunstancias ocurridas durante la clilige11cia, dejando asentado el dicho del compareciente, y

V. Nombre y firma de los que intervienen en la diligencia. Si se negara a firmar el compareciente, ello no afectará la validez del acta, dejándose cons­tancia de este hecho de la misma. 

ARTICULO 156. El oficio en el que se disponga la revisión a la que alude la fracción V del artículo 151 deberá señalar, como mínimo:

I. Responsable de la revisión y personal asignado a la misma;

II. Duración de la revisión, y

III. Zona geográfica v l11gar en la q11e se efectuará la revisión. 

El responsable de la revisión rendirá un informe diario de actividades a su superior jerárquico. 

ARTICULO 157. Una vez  cubiertos los requisitos previstos en este Capítu­lo, la Secretaria  de Gobernación resolverá lo conducente en un máximo de quince días hábiles, debiendo notificarlo al interesado, personalmente, a través de su representante legal, o por correo certificado con acuse de recibo.

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publi­cación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humbert0 Aceves del Olmo, Presidente.- Sen. Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente.- Dip. Pri­mo Quiroz Durán, Secretario.- Sen. Eduardo Andrade Sánchez, Secretario.­ Rúbricas.»

 En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción  I  del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida pu­blicación y obse111ancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa v seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación. Emilio Chuayffet Chemor.- Rú­brica.»