El pasado 8 de marzo de 2020 se conmemoró en el mundo el Día Internacional de la Mujer², pero este año fue especial, puesto que se visibilizó a través de las quejas que se expusieron en las dife- rentes marchas, que a pesar de que varios estados aceptaron proteger los Derechos Humanos (DH) de todos los seres y en especial los de las niñas y las mujeres, como partes firmantes de documentos internacionales que defienden los DH de las mujeres; la realidad ha mostrado que la protección es todavía deficiente.

En este trabajo lo que se pretende dilucidar es, si se trata de una verdad absoluta que existe deficiencia de cuidado por parte del estado en contra de las niñas y las mujeres o, si el hecho de haber firmado documentos convencionales de DH para el cuidado y desarrollo del sector femenino es suficiente para su cumplimiento o, si son esos derechos los que debe cuidar el estado o si es necesario agregar normas que permitan hacerlo.

Si partimos de la idea que las niñas y las mujeres forman parte de una sociedad, es evidente que es obligación del Estado su cuidado, sin embargo, aunque el Estado sea parte de un Corpus Iuris internacional aplicable a los DH de las niñas y las mujeres para el cuidado de sus derechos fundamentales (como la dignidad y el evitar la discriminación por razón de sexo; incluso, bajo el formato correcto de universalidad, interrelación, interdependencia e indivisibilidad) existen otros casos en los que el respeto de estos derechos depende de un DH entre particulares o, cuando a consecuencia del tráfico jurídico internacional converge más de un sistema legal, en estas situaciones, se debe acudir a las herramientas que el Derecho Internacional Privado (DIPR) nos brinda. Es aplicable a este dilema entre el respeto de los DH y la justa eficacia de los derechos funda- mentales la propuesta de Luigi Ferrajioli en cuanto a los derechos y las garantías, cuando afirma: “Los derechos escritos en las cartas internacionales no serían derechos, porque están desprovistos de garantías…Se concreta en la afirmación de que, más allá de su proclamación, aun cuando sea de rango constitucional, un derecho no garantizado no sería un verdadero derecho” ³

Desde el final del siglo XX y hasta el inicio de lo que llevamos en el siglo XXI, la comunidad internacional ha mirado hacia los derechos y oportunidades de las niñas y las mujeres y a través de sus luchas, ha habido más atención y la creación extendida de sus DH, y aún y cuando, los indicadores demuestran que falta mucho por hacer porque todavía hay prácticas perjudiciales como la mutilación genital, la preferencia de los hijos varones, el infanticidio de niñas por selección del sexo antes de nacer⁵, el matrimonio precoz⁶, la explotación sexual y trata de menores⁷, este es el ámbito público sobre el que el Estado puede estar en orden o postergar; pero también debemos reconocer que dentro del ámbito de los DH de los particulares, gracias al DIPR las madres y los padres ahora tienen los mismos derechos en el cuidado y formación de sus hijos y así mismo, las mujeres y las niñas se han visto beneficiados con derecho a alimentos, a adoptar y ser adoptadas con reglas comunes y claras en cualquier país por medio de la adopción internacional, incluso, a que les regresen a un hijo que fue trasladado o retenido ilícitamente por un padre y defender sus derechos de paternidad en otros países, acudiendo al derecho uniforme que nos brindan las convenciones internacionales introducidas a las legislaciones nacionales como si fuera derecho sustantivo, por lo que, a través de casos prácticos podemos reconocer que el DIPR contiene la oportunidad de respetar y hacer efectivos los DH de las mujeres dentro del tráfico jurídico inter- nacional, mediante el uso ya sea de reglas de conflicto o, como se dijo, por medio del derecho uniforme que brindan los documentos internacionales.

En este documento revisaremos la formación del corpus iuris con el que cuentan las mujeres y las niñas, en seguida los casos donde el DIPR ha incidido para la efectividad del cumplimiento de sus garantías, el respeto a sus DH y al final las conclusiones.

Si únicamente hablamos de Derechos Humanos, los de todos los seres humanos, nacen con la misma dimensión para hombres y para mujeres con la “Declaración Universal de Los Derechos Humanos”⁸, cuya consideración principal “se refirió a la dignidad y la búsqueda de derechos iguales para todos los miembros de la familia humana”, a fin de garantizar la libertad, la justicia y la paz en el mundo”.

Esos ideales, en ese momento de la historia, fueron estudiados y negociados por hombres, no por obviar a las mujeres sino porque en 1948, eran hombres los únicos que estaban en la formación de este documento, en él se reconoce la calidad del humano como Ser universal para todos los pueblos de la tierra, bajo el principio de no discriminación entre todos.

Fue entonces hasta 1979 que la mujer se hace visible como género en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer⁹, que como su nombre lo indica, estableció diversas formas de impulsar la igualdad de los sexos en su dignidad y derechos y se establecen pactos internacionales entre las naciones para impulsar la participación social, eco- nómica, cultural, civil y política tomando en consideración a las mujeres, como parte importante en el bienestar de la familia y el impulso de la sociedad.

Fue muy importante y trascendente para los Derechos Humanos de todos los hombres y las mujeres la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se celebró del 7 al 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, por lo que le llaman también Pacto de San José y sus Protocolos¹⁹, aunque en este artículo la referencia es hacia las mujeres, por ser el tema que nos ocupa.

En cuanto a la obligación y cumplimiento de los DH a favor de las mujeres en nuestro país, tiene su precedente más importante en el caso “González y otras- Ramos y Herrera-. (“Campo Algodonero”) contra el Estado Mexicano²⁰ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuyo antecedente fue que las Autoridades de Ciudad Juárez, desde 1993, no pusieron ni la atención, ni dieron seguimiento, ni la importancia o la solución a las 400 mujeres muertas que fueron encontradas, en esta región, con expresiones de extrema violencia con características sexuales o por sexo y que tuvieron lugar entre esa fecha y 2007.

En especial, el caso “Campo Algodonero” tuvo una referencia especial por el homicidio brutal de 8 mujeres, tres de ser secuestradas, violadas y asesinadas, una mujer adulta 20 años y 2 menores de edad de 17 y 15, todas ellas humildes, una estudiante y dos trabajadoras, que desaparecieron y posteriormente, fueron encontradas muertas con símbolos de maltrato sexual y demás maltratos en un “campo algodonero”, de ahí el nombre, cuyos familiares de estas víctimas no fueron atendidos por las autoridades mexicanas y se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos y de ahí a la Corte, donde se duelen de:

…la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del Niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención Americana), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 (obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (la Convención Belém do Pará).

Adicionalmente a los artículos invocados por la Comisión, las organizaciones representantes solicitaron a la Corte declarar al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (derecho a la libertad personal) y 11 (derecho a la dignidad y a la honra) de la Convención Americana, todos ellos en relación con las obligaciones generales que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en conexión con los artículos 8 (adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive pro- gramas para la protección de los derecho de las mujeres) y 9 (obligación de tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres para la adopción de medidas internas) del mismo instrumento. Además, solicitaron el reconocimiento de la violación del derecho consagrado en el artículo 5 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana, en perjuicio de las tres presuntas víctimas identificadas por la Comisión.

La Corte estimo en su sentencia que efectivamente el Estado no previó el cuidado de las mujeres, a pesar, de que estaban sucediendo muchos casos, no realizaron acciones de búsqueda por los prejuicios en contra de las mujeres, no demostró haber ampliado las normas e implementado acciones en contra de la desaparición y muerte de las mujeres, por lo que se violó el derecho a la vida, a la integridad personal y al derecho personal, que deriva en la investigación integral e esos casos, por lo que impuso al Estado la reparación de las violaciones, preparar un proceso para localizar a los autores materiales e intelectuales, juzgar con perspectiva de género, incluir patrones sobre violencia sexual, publicar en periódicos diferentes partes de la sentencia y la sentencia completa en la Gaceta Oficial del Estado de Chihuahua, hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, levantar un monumento alusivo a las mujeres víctimas de este caso para reivindicarlas, informar a la Corte los resultados y desde luego la reparación del daño, un

 programa de curso sobre violencia de género, tratar todos los problemas físicos y psicológicos que se presenten en los familiares de la víctima.

…el Tribunal consideró que era oportuno ordenar al Estado la indemnización a las familias de las jóvenes Herrera, Ramos y González por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Fijó la cantidad correspondiente, en consideración a casos similares; relacionados con la edad de las víctimas y la protección de la niñez, y la violencia por razones de género que sufrieron las tres víctimas. Finalmente, explicó que, según su jurisprudencia, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Y se condenó también por responsabilidad internacional en la materia con un pago por este concepto.

Este es el origen de la atención que México debe poner e imponer reglamentación en materia de DH y de sentenciar bajo la perspectiva de género, en los problemas relacionados con mujeres, con violencia sexual en su contra y por cuestiones de discriminación de Género.

De conformidad con el corpus iuris antes citado y con situaciones en las que los DH de las mujeres y las niñas tienen elementos extranjeros como consecuencia del tráfico jurídico internacional, la solución de esos problemas es mediante los métodos del DIPR cuyos conceptos, desde luego, están relacionados con sus derechos de personalidad, en asuntos de familia, que es donde constantemente convergen.

De ahí que “el objeto del DIPR interviene donde hay un grado de heterogeneidad de la situación privada internacional lo que impone una respuesta diferenciada para tal situación, que es así mismo diferenciada”²¹.

Por ejemplo, uno de los conceptos adquiridos por los Estados firmantes de los documentos internacionales relacionados con los DH de las mujeres,²²   se vuelve compatible con la ley nacional²³, en la primera se promueve el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres²⁴ y la protección de la ley nacional y constitucional deviene en que los jueces, en todos los casos de mujeres, deben juzgar con perspectiva de género²⁵, sin embargo, juzgar bajo este punto de vista, es un método analítico intrínseco de la función jurisdiccional, para verificar que las obligaciones internacionales insertas en las convenciones de DH, eviten la discriminación relacionada con los estereotipos sobre roles sexuales, para ajustarse a una igualdad sustantiva entre las partes.

1. En toda decisión y evaluación jurisdiccional relacionada con las mujeres o las niñas debe existir el principio pro homine en el que los derechos de las mujeres tengan garantías, justificaciones y derechos de una vida libre de toda violencia y con libertad en su
2. Los DH además de examinar la protección de los derechos fundamentales debe examinar esos derechos desde el punto de vista de las partes y sustentar sus decisiones sobre la protección del derecho más amplio y el que beneficie precisamente el bien jurídico tutelado, acudiendo al DIPR en su toma de decisión.
3. Se debe cambiar el discurso, para articular un movimiento social que dé cumplimiento a la protección del género (hombre o mujer) con derechos sustantivos bajo principios jurídicos inter- pretativos en el que las oportunidades de paridad, de inclusión, de igualdad de dignidad y de re- conocimiento de razón y conciencia de los DH de todos, sean iguales a fin de que las posibilida- des de crecimiento sean reales, para estabilizar la balanza social hacia la