En el ámbito doctrinario sobre el arbitraje civil en México, nos llamó muchísimo la aten­ción el trabajo de Pablo Zayas en el siglo XIX, pues le dedicó a su estudio 6 títulos (más de 50 páginas) derivado el estudio exegético del entonces vigente código de procedi­mientos civiles.

La atención al proceso arbitral como al jurisdiccional estatal se presentaban por la ley y estudiosos de aquel entonces, como si se tratara de instituciones reflejadas en un espe­jo, esto es, cambiando únicamente al juez por el árbitro, cuando que a.’1ora contemplamos al proceso arbitral como un sistema y filosofía totalmente diversa.¹² Por desgracia, en el ámbito civil, el arbitraje civil aun sigue dentro de esa tendencia. Los códigos de procedi­mientos civiles todavía establecen que la falta de ritual especificado por las partes, se se­guirá el mismo que emplea el Poder Judicial.¹³

Sólo por mencionar algunos de los escritores más prolíficos en el campo del arbitraje en el México actual, mencionamos a Humberto Briseño Sierra, José Luis Siqueiros, Rodolfo Cruz Miramontes, Julio C. Treviño y Carlos Arellano García, además de gran cantidad de monografías publicadas en diversos libros y revistas jurídicas en el país por otra gran canti­dad de juristas. A últimas fechas han proliferado los trabajos hemerográficos relativos a solu­ción de controversias, especialmente conectados con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Al lado de estas conferencias oficiales varios estudiosos también han participado en diversos congresos internacionales sobre arbitraje internacional, e incluso varios mexica­ nos han impartido conferencias sobre la temática en diversas universidades, tanto en el país, como en el extranjero e incluso en algunas universidades se han implementado cur­sos sobre esta temática, aunque más orientado al área comercial, pero sin olvidar la civil.

En el terreno práctico, hasta antes de la Convención de Nueva York, encontramos en México algunos precedentes judiciales que se refieren al arbitraje, especialmente posteriores a 1930. Estas resoluciones tienen en común que le abrieron campo al arbitraje, sin que el Poder Judicial se opusiera al mismo. En gran medida las resoluciones judiciales se referían a la improcedencia del juicio de amparo contra actos de los árbitros, incapaci­dad de los albaceas para someter al arbitraje los negocios de la sucesión, el plazo para tramitar el juicio arbitral, la competencia de los árbitros para conocer de la nulidad del acuerdo arbitral, efectos que produce el laudo arbitral, etcétera.

A partir de la Convención de Nueva York, las resoluciones del Poder Judicial se han encargado, no sólo de interpretar tal Convención sino de aplicarla. Aplicación que ha sido del todo favorable al arbitraje y que incluso ha provocado reacciones positivas de juristas extranjeros hacia México.¹⁴

Es cierto que aunque de acuerdo al sistema constitucional mexicano no existe obligación para que las entidades federativas establezcan el arbitraje privado ni para legislar sobre el mismo, como ocurre en España.¹⁵  Dato que nos llevará a pensar que cualquier entidad fe­derativa podría escoger entre adoptar el arbitraje o rechazarlo. No obstante, ya hemos visto que de acuerdo al derecho convencional internacional es imprescindible fijar reglas al arbitraje civil.

En las entidades federativas que en México aceptan el arbitraje encontramos que en sus códigos de procedimientos civiles se regulan básicamente dos temas: el referente a la preparación del procedimiento arbitral (enfocado especialmente a la designación de ár­bitros), y el relativo al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. To­dos son demasiado parcos en cuanto al procedimiento arbitral, pues como lo dijimos, lo asemejaba al mismo que sigue el Poder Judicial. Algunos de esos códigos, al contem­plar el arbitraje, carecen de la normatividad relativa a la primera de las cuestiones (por ejemplo para la designación judicial de árbitros) e incluso tenemos códigos como los de Guanajuato y Tamaulipas, que no regulan alguno de esos temas sobre el arbitraje. El de Sonora alude a una lista de árbitros, sin mayores especificaciones.

Aunque la materia mercantil históricamente fue la más propicia para ser resuelta a través del arbitraje desde la Edad Media, cabe advertir que al plano legal mexicano fue la materia civil la primera regulada.¹⁶  Desde los códigos de procedimientos civiles mexica­nos del siglo XIX encontramos datos o elementos que indicaban la posibilidad de recu­rrir a este medio de solución de controversias  y prácticamente nada para el arbitraje comercial. Circunstancia que en la actualidad es totalmente diversa.

Un problema, nada extraño para la mayoría de los abogados, consiste en saber si el arbi­traje puede ser legislado por una entidad federativa, pero más importante si el arbitraje civil internacional también compete a una entidad federativa.

Aunque es posible encontrar en la vieja doctrina mexicana algunas ideas que nos in­dicaban que todo lo relativo a cuestiones internacionales sólo competía a la federación, a pretexto de que las entidades federativas carecen de personalidad internacional, la idea resulta equivocada, pues en nada se relaciona la personalidad internacional con la resolu­ción de litigios.

A nuestro parecer, y siguiendo las ideas más reconocidas, cada entidad federativa sí puede legislar sobre arbitraje civil, incluso el civil internacional. El argumento se funda en que la Constitución, que es la que atribuye competencia legislativa a los órganos fede­rales y locales, reconoce la competencia a los estados o entidades federativas para legis­lar sobre cualquier materia, salvo las explícitamente establecidas en la constitución, que quedan reservadas a la federación. Por lo que al no encontrarse la materia arbitral civil, como exclusiva o reservada a la federación, son las entidades federativas las que pueden legislar. Además, existen algunos precedentes judiciales provenientes de los tribunales de amparo, reconociendo esa facultad legislativa sobre cuestiones procesales civiles, aun cuando estén conectados los litigios con otro país, a favor de las entidades federativas.

Durante los últimos años hemos encontrado que en los tribunales civiles de la frontera norte (en Cd. Juárez) se han presentado algunos Jaudos arbitrales civiles, especialmente sobre arrendamiento de inmuebles, con la finalidad de que les otorgue la homologación tras el procedimiento de exequatur.

Estos laudos se han resuelto en lo que conocemos como arbitraje interno, más que in­ternacional. No obstante, esto significa un despertar al arbitraje como un medio solucio­nador de controversias alternativo al proceso jurisdiccional estatal.

La problemática que hemos detectado en estos casos que han sido llevados al arbitra­ je son múltiples. Podemos decir que la cláusula arbitral empleada no es la que responde a las ideas más actualizadas que se conocen dentro de la teoría y la práctica internacional, y que a la vez, comparada con la cláusula empleada en los asuntos detectados, resulta de­masiado pobre. Lo mismo ocurre con el procedimiento arbitral seguido, que en realidad ha carecido de autonomía con respecto al procedimiento propiamente oficial. En este procedimiento han faltado las formas simplificadas propias del arbitraje actual. La filo­sofía propia que caracteriza al arbitraje también se encuentra ausente de la realidad, el árbitro se sigue comportando con el mismo rol de un juez estatal.

Hace ya algún tiempo que nos autocomprometimos en presentar a la Academia, Mexica­na de Derecho Internacional Privado y Comparado un proyecto de regulación modelo en relación al arbitraje en materia civil. Igual promesa hicimos al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua, al igual que a algunos magistrados del estado de Sonora en la reunión de 1994, celebrada en Hermosillo entre los miembros de los poderes judiciales de Sonora y Arizona. Las ideas que hoy presentamos, creemos que son válidas para ambas entidades federativas, aunque también sirven para cualquier otra entidad federativa. Ahora presentamos el proyecto de reglamentación para que sea toma­do por los legisladores.

En cuanto a la metodología seguida para la reglamentación hemos tomado en considera­ción dos puntos:

a) Procurar que la codificación realizada no se encuentre dispersa a lo largo de varias leyes y códigos o en disposiciones de un mismo código. Pensamos que la codifi­cación debe aglutinarse y sistematizarse.

b) Existiendo en nuestro país diversas codificaciones que regulan el arbitraje, entre otras las de cada una de las entidades federativas, la que sigue el Código de Pro­cedimientos Civiles para el DF, y la establecida en el Código de Comercio y la Ley Modelo de UNCITRAL, nos inclinamos por seguir la fórmula empleada por la del Código de Comercio y UNCITRAL, e incluso seguirlos como modelo.

Sobre el primero punto cabe precisar que actualmente encontramos disposiciones sobre el arbitraje civil tanto en el Código Civil, el de Procedimientos Civiles, y en otras entida­des federativas también en la correspondiente Ley Orgánica del Poder Judicial. Además de este sistema disperso que hasta ahora existe en todas las entidades federativas, existe otro conocido en varios países y que consiste en fijar toda la codificación arbitral en una sola y única ley, es decir una ley especializada en regular el arbitraje, tal y como ocurren en España con su Ley de Arbitraje. En el caso nuestro, sugerimos que la reglamentación se asiente dentro del código de procedimientos civiles correspondiente, donde exista un título especial que puede denominarse del arbitraje, de manera semejante a como lo hace el Código de Comercio. Esto es una codificación semiautónoma, que se incruste dentro de una codificación ya conocida. La razón de esto es para que se le dé difusión al arbitra­ je, pues de hacerse en una ley autónoma, se perdería la posibilidad de darlo a conocer y difundirlo. De esta manera pensamos que será más fácil propiciar el arbitraje civil.

En relación al segundo aspecto metodológico, cabe decir que de las diversas fórmu­las conocidas  para la reglamentación, no empleamos la que siguen las entidades federa­tivas o la vieja codificación del Distrito Federal, dado lo obsoleto de esta fórmula. Tampoco hemos seguido la fórmula actualmente empleada en la codificación del Distrito Federal, porque aún cuando recoge algunas reglas de UNCITRAL, éstas no se encuen­tran completas. A nuestro parecer, la mejor fórmula codificadora es la seguida por el Có­digo de Comercio así como la Ley Modelo de UNCITRAL, de las cuales hemos extraído las notas que trasciendan a la parte civil, ajustándolas a las condiciones de una entidad federativa, en especial de los estados de Chihuahua y Sonora.

Cabe explicar que la fórmula que siguió el Código de Comercio es la misma empleada en la Ley Modelo de UNCITRAL. De esta Ley Modelo cabe explicar lo siguiente: se trata de un instrumento legal aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, recomendado a todos los países para que Jo adoptaran con la finalidad de lograr la unifi­cación del arbitraje. Hasta la fecha ha sido adoptada ampliamente por la mayor parte de países. Esta Ley Modelo surgió de una Comisión que durante varios años trabajó en todo el mundo, con auxilio de abogados de todos los países, dentro de los cuales estuvo México.

Como el Código de Comercio adoptó la Ley Modelo citada al ámbito comercial, nos quedó hacer los correspondientes ajustes para regular la competencia de los jueces de cada entidad federativa; una nueva fórmula para que los jueces auspicien el arbitraje, un sistema de listados para elegir árbitros, al igual que un ajuste al sistema federal privativo en la materia civil dentro de México. Nos hemos ayudado por la Ley de Arbitraje espa­ñola y algunas de las disposiciones actualmente en vigor en los códigos estaduales que pueden ser rescatadas.

Es necesario regular en cada entidad federativa el arbitraje como un medio de solu­ción de las controversias de naturaleza civil, procurando acoger tanto el arbitraje in­ternacional como el interno, y siguiendo para ello las líneas trazadas por el derecho convencional internacional vigente para México, al igual que las experiencias habi­das en otros lugares.

Art. 1.¹⁹ Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje civil cuando el lu­gar del proceso arbitral se encuentre dentro del Estado de (Chihuahua o Sonora) o cuan­ do encontrándose en territorio nacional, así lo dispongan las partes, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje.

Lo dispuesto en los artículos 10, 11, 47, 48 y 49, se aplicará aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del Estado de (Chihuahua o Sonora) o del territorio nacional.

Cuando no exista acuerdo arbitral, el juez al que se le hubiese sometido un litigio, a petición de una de las partes podrá llamar a ambas, invitándolas a que continúen diri­miendo parte o totalmente la controversia por medio del arbitraje, auxiliándoles para ce­lebrar el acuerdo arbitral conforme a la voluntad de las partes y este título.

Art. 2.²⁰ Para los efectos del presente título, se entenderá por:

I. Acuerdo de arbitraje o acuerdo arbitral, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias específicas que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente;

II. Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral tendiente a resolver las controversias civiles, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo;

III. Arbitraje internacional, aquel que:

a) Las partes al momento de celebración del acuerdo del arbitraje, tengan sus es­tablecimientos en países diferentes.

b) El lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación civil o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha esté situado fuera del país en el que las partes tienen sus estable­ cimientos.

IV. Arbitraje interestadual, aquel que:

a) Las partes al momento de celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus es­tablecimientos en Estados diferentes, pero dentro del territorio nacional.

b) El lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación civil o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha esté situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus esta­blecimientos.

Para los efectos de las fracciones II y IV, si alguna de las partes tiene más de un esta­blecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; y si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

V. Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asisten­cia requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo de representación y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y honorarios y gastos de la autoridad que haya designado a los árbitros;

VI. Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia;

VII. Institución arbitral, agrupación, corporación o centro constituido con el objetivo de resolver controversias por medio del arbitraje. Esta será reconocida conforme a la ley del lugar de su constitución.

Art. 3.²¹ Cuando una disposición del presente título:

I. Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad en­trañará la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa de­ cisión, excepto en los casos previstos en el artículo 31;

II. Se referirá a un acuerdo entre las partes. se entenderán comprendidas en ese acuer­do todas las disposiciones del reglamento de arbitraje al que dicho acuerdo remita;

III. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconven­ción. excepto en los casos previstos en la fracción I del artículo 27 y el inciso a) de la fracción II del artículo 35. Lo anterior sin perjuicio de la decisión de los ár­bitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención.

Art. 4.²² Salvo acuerdo en contrario de las partes:

a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada perso­nalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residen­cia habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se obtenga después de una indagación razonable, la ubicación de alguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certificada o cual­quier otro medio que deje constancia del intento de entrega;

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.

La autoridad judicial auxiliará al tribunal arbitral para hacer las notificaciones, sita­ciones, apercibimientos y requerimientos que este último ordene.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las comunicaciones habidas en un procedimiento judicial.

Art. 5.²³ Para los fines del cómputo de los plazos establecidos en el presente título, dichos plazos comenzarán a correr el día siguiente a aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no laborable en la residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorro­gará hasta el primer día laborable siguiente. Los demás días feriados oficiales o no labo­rables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo del plazo.

Art. 6.²⁴ Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna dispo­sición del presente título de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora justificada o, si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace, se entenderá renunciado su derecho a impugnar.

Art. 7.²⁵ Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por el presente título, no se requerirá intervención judicial.

Art. 8.²⁶ Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el juez de primera instancia del lugar elegido por las partes, el lugar donde se lleve a cabo el ar­bitraje o el del lugar de la residencia del demandado, cuando el proceso arbitral aún no se hubiere iniciado.

Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional o del Estado, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el juez del orden común compe­tente, del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes.

Art. ** Salvo acuerdo en contrario, ninguna de las partes o sus representantes, los árbi­tros o la institución arbitral, podrán dar a conocer al público las actuaciones que se prac­tiquen, ni las resoluciones dictadas. En caso de contravenir el secreto, el tribunal arbitral podrá condenar al desobediente al pago de hasta el doble de lo demandado. Si ya se hubiere dictado el laudo, el juez al que se sometiera el reconocimiento del laudo dictará esta resolución, independientemente de que ordene que se ejecute el laudo.

Art. ** En relación a la materia y salvo disposición en contrario, se tendrá como juez al del ramo que judicialmente señalen las leyes como competente.

Art.12³⁸ Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de tal acuerdo, será un solo árbitro.

Art. 13³⁹ Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente:

I. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de los árbitros.

III. A falta de tal acuerdo:

a) En el arbitraje con árbitro único. si las partes no logran ponerse de acuerdo so­bre la designación del árbitro. éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el juez.

b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbi­tros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los veinte días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el ter­cer árbitro dentro de los veinte días contados desde su nombramiento, la de­signación será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez.

En ambos casos, la designación de los árbitros se hará por sorteo de la lista a que se refiere la fracción VI de este artículo.

IV. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna función que se le con­ fiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo;

V. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las fracciones III ó IV del presente artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá de­bidamente en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para garantizar el nom­bramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar un ár­bitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

VI. El Supremo Tribunal de Justicia elaborará una lista de personas que proporcionará al juez que lo pida a fin de que en su caso nombre al árbitro correspondiente. El árbitro listado debe poseer título de licenciado en derecho, tener más de 6 años de haber obtenido el título, y carecer de antecedentes penales por delito intencional.⁴⁰

Art. 14.⁴¹ La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro debe­rá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y du­rante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las par­ tes, a menos que ya se hubieran hecho de su conocimiento.

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificacio­nes convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conoci­miento después de efectuada la designación.

Art. 15.⁴²  Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.

A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de su constitu­ción o de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad del árbitro o su independencia, o si no posee las cualidades convenidas, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral deci­dir sobre ésta.

Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los veinte días siguientes de notificada la deci­sión por la que se rechaza la recusación, resuelva sobre su procedencia, decisión que será inapelable, mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro re­cusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.

Art. 16.⁴³ Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por disposición legal para ejer­cer sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo, cual­ quiera de las partes podrá solicitar al juez dé por terminado el encargo, y su decisión será inapelable.

Art. 17.⁴⁴ Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 15 ó 16, renuncia, remoción por acuerdo de las partes o terminación de su encargo por cual­quier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo pro­cedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.

Art. **⁴⁵  Las instituciones de arbitraje deberán protocolizarse ante notario. Cada institu­ción deberá expedir sus propias reglas de arbitraje, así como su cláusula o cláusulas mo­delo, y depositarlas ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Art. * * La aceptación, obliga a los árbitros y en su caso a la institución arbitral a cumplir fielmente en su encargo, si no lo hicieren serán responsables por los daños y perjuicios que causaren. La demanda deberá enderezarse contra todos los árbitros que integran el tribunal o la institución arbitral, únicamente cuando el tribunal o la institución dolosa­ mente no hubiese llamado a juicio a alguna de las partes o les hubiese impedido dolosa­ mente ejercer sus defensas. Las razones, argumentos y decisiones adoptadas en el laudo, no podrán ser objeto de enjuiciamiento, siempre y cuando se hubiese otorgado el derecho a reclamar la nulidad del laudo.

ART. 18.⁴⁶ El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbi­traje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se conside­rará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no extrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria.

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer a excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designa­ción. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se planteé durante las actuaciones arbitrales la materia que su­ puestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada con posterioridad si considera justificada la demora.

El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párra­fo anterior, desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir el lau­do sobre el fondo, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los veinte días siguientes al en que se notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución que será inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.

Art. 19.⁴⁷ Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar la adopción de las providencias precautorias necesarias respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía suficiente en relación con esas medidas.

Art. 3 1.⁵⁹ El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de dere­cho elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de una entidad federativa de un país determinado se refiere, a menos que se ex­ prese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país o de esa entidad federativa y no a sus normas de conflicto de leyes salvo en los casos a que se refiere este código.

Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal ar­bitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable.

El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo.

En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos, costumbres y tradiciones aplicables al caso.

Art. 32.⁶⁰ En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de vo­tos. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal.

Art. 33.⁶¹ Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegaren a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.

Dicho laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34. Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

Art. 34.⁶² El laudo se dictará por escrito y será firmado por el o los árbitros. En actuacio­nes arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.

El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan con­ venido en otra cosa o se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 33.

Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determi­nado de conformidad con el primer párrafo del artículo 22. El laudo se considerará dicta­ do en ese lugar.

Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes median­ te entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el primer párrafo del presente artículo.

Art. 35.⁶³ Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por:

I. Laudo definitivo;  y

II. Orden del tribunal arbitral cuando:

a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés en obtener una solución defini­tiva del litigio;

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; y

c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, sal­vo lo dispuesto  en los artículos 36, 37 y 45.

Art. 36.⁶⁴ Dentro de los veinte días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral:

I. Corrija en el Jaudo cualquier error de cálculo, de copia tipográfica o de naturaleza similar;

El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa, dentro de los veinte días siguientes a la fecha del Jaudo.

II. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado, efectuará la correc­ción o dará la interpretación dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la solicitud. Dicha interpretación formará parte del laudo.

Art. 37.⁶⁵ Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los veinte días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pe­dir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima justifi­cado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de treinta días.

El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo para efectuar una co­rrección, dar una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el artículo 36.

En las correcciones o interpretaciones del Jaudo o a los laudos adicionales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 34.

Art. 43.⁷¹ Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando:

I. La parte que intente la acción pruebe que:

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapa­cidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la le­gislación (chihuahuense o sonorense).

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actua­ciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones someti­das al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajusta­ ron al acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de este título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título.

II. El juez compruebe que, según la legislación (chihuahuense o sonorense), el obje­to de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que es contrario al orden pú­blico.

Art. 44.⁷² La petición de nulidad deberá formularse dentro de un plazo de dos meses con­tado a partir de la fecha de la notificación del laudo o, si la petición se ha hecho con arre­glo a los artículos 36 y 37 desde la fecha que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

Art. 45.⁷³ El juez, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las ac­tuaciones de nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por el plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.

Art. 46.⁷⁴ El procedimiento de nulidad se sustanciará incidentalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo (775 para el CPCCH ó 480 para el CPCSON) de este có­digo.

La resolución no será objeto de recurso alguno.

Art. 47.⁷⁵ Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país o entidad federativa en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una peti­ción por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este ca­pítulo.

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debi­damente autenticado de laudo o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 2 fracción  I y 9 o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos.⁷⁶

Art. 48.⁷⁷ Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país o entidad federativa en que se hubiere dictado, cuando:

I. La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente en que se pide el reconocimiento o la ejecución que:

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapa­cidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país o entidad federativa en que se haya dictado el laudo;

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actua­ciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje.  No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones someti­das al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconoci­miento y ejecución a las primeras;

d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajus­tado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país o entidad federativa donde se efectuó el arbitraje; o

e) El laudo no es aún obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspen­dido por el juez del país o entidad federativa en que, o conforme a cuyo dere­cho, hubiere sido dictado ese laudo;

II. El juez compruebe que, según la legislación (chihuahuense o sonorense), el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimien­to o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público; o

III. Se trate de laudos arbitrales dictados en el extranjero como consecuencia de una acción real sobre inmuebles ubicados en el territorio nacional o de inmuebles de alguna entidad federativa donde se impida el arbitraje sobre estos bienes.

Art. 49.⁷⁸ Si se solicitó a un juez del país o de otra entidad federativa en que, o conforme a cuyo derecho, fue dictado el laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicita el reconocimiento o la ejecución del Jaudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su de­ cisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del Jaudo, po­drá también ordenar a la otra parte que dé garantías suficientes.

El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de conformidad con el artículo (775 para el CPCCH ó 480 para el CPCSON) de este códi­go. La resolución no será objeto de recurso alguno.