Que la constitución regula la organización de un gobierno liberal de derechos y libertades a favor de los individuos y límites y prohibiciones para los poderes y órganos de autoridad;

Que las facultades de los poderes federales son enumeradas y, por lo mismo limitadas a lo expresamente conferido;

Que no existe norma fundamental que confiera al congreso de la unión la facultad expresa de dar leyes sobre derechos de autor;

Como consecuencia de lo anterior, se parte del supuesto de que legislar sobre derechos de autor, es una facultad que corresponde a las legislaturas de los estados.

Que la función de la regulación que se expida debe reconocer la existencia de los derechos de autor y garantizar a los autores y artistas la explotación de sus obras en forma exclusiva.

En la práctica, sin fundamento, se ha considerado que regular los derechos de autor es una facultad que corresponde al congreso de la unión y, como consecuencia, que su aplicación corresponde al presidente de la república; en ejercicio de ella es que se ha emitido la actual ley de derechos de autor; ello no es rigurosamente correcto.

El que se sostenga que la facultad reglamentaria del artículo 28, por lo que hace a los derechos de autor, corresponde a las legislaturas de los estados y al congreso de la unión, por lo que toca al Distrito Federal, no implica afirmar que sea la mejor solución; simplemente se sostiene que, en aplicación del artículo 124, no existe fundamento constitucional para afirmar que el poder facultado para dar una ley sobre derechos de autor sea el indicado congreso de la unión, que lo que todo lleva a suponer que éste ha asumido una función que constitucionalmente no le corresponde.

No todo derecho individual es susceptible de ser reglamentado; sólo lo serán aquellos en que el precepto que prevea su existencia así lo permita expresamente, cuando alguno de los poderes legislativos, por disposición expresa, sean facultados para hacerlo o cuando para su ejercicio, vista su naturaleza, así se requiera.

De las tres clases de leyes que pueden emitir el congreso de la unión y las legislaturas de los estados: orgánicas, reglamentarias y ordinarias o complementarias, la que regula los derechos de autor es de naturaleza reglamentaria.

En el artículo 28 constitucional se prevé la existencia y respeto de derechos a favor de autores y artistas; a ellos los denomina privilegios; no lo son en el sentido etimológico; se está frente a un derecho temporal que es oponible frente a terceros, incluyendo al estado.

En la parte transcrita del artículo 28 existe un vicio de técnica legislativa y en las ediciones, oficiales y privadas, un error.

El vicio consiste en que, lo que en estricto lenguaje es un monopolio, por virtud de lo dispuesto por él no lo es; se trata de un caso en que el legislador cambia la naturaleza intrínseca de algo y, por su autoridad, lo convierte en algo admisible; lo correcto hubiera sido disponer que tanto la reproducción de las obras, como otras actividades, que es un monopolio, está permitidos o es lícito, como, de alguna forma, se hacía en el texto original de 1917. 

El error está en el hecho de que, en las ediciones de la constitución, oficiales y privadas, en el párrafo trascrito, en lugar del término reproducción que es el aprobado por el constituyente de 1917, aparece la palabra producción. El que se aluda al primer término y no al segundo, en teoría, tiene implicaciones en la naturaleza de los derechos.

En efecto, el derecho a escribir está garantizado por el artículo 7º y el de realizar una obra artística, está comprendido dentro del artículo 6º; son ellos y no el 28 el que garantiza el derecho de los particulares a producir; el derecho a reproducir o editar sus obras, que es el que asiste a quienes han escrito o realizado una obra artística, se halla consignado en el noveno párrafo del artículo 28, que es el que aquí se analiza, pero que por el cambio de términos no se consigna en forma expresa.

En el artículo 28 constitucional determina que los privilegios son temporales. Si bien la normatividad debe estar encaminada, preferentemente, a proteger los derechos de autor y a prever sancionar su violación, también deben disponer su duración.

El ejercicio de la facultad legislativa respecto de la materia no puede encaminarse a impedir, dificultar o prohibir.

Es bien sabido que las normas que establecen o reconocen salvedades o excepciones a las reglas generales son de interpretación estricta, así lo dispone el principio de hermenéutica jurídica: exceptiones sunt strictissimae interpretationis. También existe el principio de que los privilegios son de interpretación estricta (odia restringi), no son susceptibles de ser ampliados por analogía o por mayoría de razón.

Para quien, a través de la ley, pretenda reglamentar ese apartado del artículo 28 y para quién aplique la ley reglamentaria, y quiera hacerlo llevando esos principios de interpretación hasta sus últimas consecuencias, que sería lo correcto, pudiera exponerse a violar o desconocer un derecho fundamental consagrado o repercutir desfavorablemente tanto en los autores, al aumentar o disminuir su titularidad, como en los privilegios en sí, anulándolos, disminuyéndolos o difiriéndolos. Esto es inadmisible.

A pesar de existir ese principio, dada la falta de técnica jurídica que se observa en el precepto, la interpretación que se haga de él, debe partir del supuesto de que se trata de una norma que establece un derecho individual, que aparece dentro del título las garantías individuales, que fue propósito del constituyente el conceder un privilegio a favor de los habitantes; por lo mismo, a la norma debe dársele una interpretación amplia y general, de tal manera que ella alcance su cabal realización y tenga la aplicación genérica que su naturaleza exige; esto es así en aplicación del principio de que tratándose de derechos individuales, cuando la constitución confiere, confiere lo mínimo, que ellos son susceptibles de ser incrementados por la ley o la interpretación que de ella haga la autoridad responsable de su aplicación.

El artículo 124 establece una regla general: toda facultad que no ha sido conferida expresamente a los poderes federales debe entenderse reservada a los estados.

Lo anterior tiene diferentes implicaciones:

Si una facultad ha sido conferida a los poderes federales, debe entenderse que no puede corresponder a los estados, que éstos tienen prohibido intervenir, salvo el caso de facultades concurrentes.

Si una facultad no ha sido conferida a los poderes federales, debe entenderse que tienen prohibido intervenir.

Que toda facultad no conferida a los poderes federales corresponde a los estados, salvo que por disposición expresa se les prohíba en forma absoluta o relativa.

Con relación a derechos humanos, la aplicación de los principios anteriores, tiene las siguientes consecuencias:

Ante el silencio de la constitución y cuando es necesaria la reglamentación de un derecho individual, hacerlo es una facultad que corresponde en forma privativa a los congresos de los estados, esto es así en aplicación de la regla general que se desprende del artículo 124.

Lo relativo a los privilegios a autores y artistas aparece en el apartado de derechos individuales. Ciertamente en el párrafo noveno del artículo 28 no se utilizan las fórmulas conforme a la ley,

en los términos de ley, la ley dispondrá, etc.

No obstante, ello procede su reglamentación en virtud de lo siguiente:

Debe existir un cuerpo normativo que establezca la vía, términos y condiciones según las cuales las autoridades competentes reconozcan los derechos, los particulares exijan el respeto de ello y los plazos de duración de los privilegios.

Del artículo 122 no se desprende que a la asamblea legislativa se le haya conferido la facultad para legislar en materia de derechos de autor por lo que toca al Distrito Federal. Esa omisión tiene, entre otras, las siguientes implicaciones:

Que en aplicación del principio que se desprende de fracción I, del apartado A del artículo 122 constitucional, la facultad de hacerlo corresponde al congreso de la unión únicamente por lo que se refiere a esa demarcación geográfica; la ley que emita no puede tener efectos generales.

Por tratarse de una ley emitida por el congreso de la unión, a pesar de su naturaleza local, su reglamentación y aplicación corresponde al presidente de la república (Art. 122, apartado B, fracción IV).

En aplicación del artículo 104, fracción I, el conocer y resolver las controversias que se susciten con motivo de esa ley, corresponde, como facultad coincidente, a los tribunales federales y del Distrito Federal.

No es de dudarse de que, al haberse emitido el código civil para el Distrito Federal de 1932, de aplicación en toda la república en materia federal, y el hecho de que se hubiera incluido en él un apartado relativo a derechos de autor, haya sido lo que pudo haber influido para que se considerara que esa era una materia que correspondía legislar y aplicar a los poderes federales. Ese código tuvo un origen viciado, fue expedido por el presidente de la república, en ejercicio de facultades extraordinarias, sin medias una suspensión de garantías individuales, lo que fue violatorio del artículo 29.

En los restantes casos, cuando se disponga; en los términos de ley, conforme a la ley o la ley dispondrá, en aplicación del artículo 124 debe entenderse que la facultad corresponde en forma privativa a las legislaturas de los estados;

Suponer que cuando se disponga, por ejemplo, en los términos que establezcan las leyes respectivas (Art. 5º), en los términos que fijen las leyes (Art. 17), las leyes orgánicas (Art. 7), la facultad de legislar corresponde en forma privativa al congreso de la unión, es anular la facultad legislativa que en forma original corresponde a las legislaturas de los estados y que deriva a su favor del artículo 124.

La asamblea legislativa, por ser un órgano con facultades enumeradas, sólo podrá reglamentarla cuando sea facultada expresamente a hacerlo por la propia constitución; debe entenderse que en los restantes casos lo tiene prohibido (Art. 122, B, base primera, fracción V).

El otro es la facultad que se confiere al propio presidente para conceder indultos a los reos condenados por los tribunales federales y del distrito Federal (Art. 89, frac. XIV), pero no existe norma expresa que faculte al congreso de la unión para legislar sobre la materia.

En el primer caso, la existencia del privilegio está prevista por el artículo 28 y la facultad del presidente de la república para otorgarlos está prevista en la fracción XV del artículo 89, dada esas circunstancias, implícitamente debe concluirse que el poder legislativo está facultado para dar una ley sobre la materia.

El segundo caso es parecido; el congreso de la unión no ha sido facultado expresamente para dar una ley sobre indultos; se ha entendido que goza de ella por cuanto a que el presidente ha sido facultado para concederlos y al hacerlo debe observar la ley; dado que ese servidor público sólo puede aplicar leyes que sean de naturaleza federal, debe suponerse que el poder legislativo, implícitamente, está facultado para dar una ley sobre la materia.

Por lo que toca al Distrito Federal, como una reminiscencia de una organización política y administrativa relativa al asiento de los poderes federales, que ha cambiado, subsiste la norma que faculta al presidente de la república a indultar a los reos condenados por los tribunales de esa entidad; en este supuesto ese servidor público actúa con base en una ley local.

El séptimo párrafo del artículo 111 corrobora que el congreso de la unión puede dar una ley de indultos; en ella se debe respetar la prohibición de que el presidente de la república no puede conceder un indulto a un reo condenado respecto del cual la cámara de diputados haya emitido una declaración de procedencia.

En lo relativo a los títulos profesiones, el congreso de la unión y las legislaturas de los estados están facultado para legislar respecto de su emisión (Arts. 3º, frac. VII y 121, frac. V); los estados están facultados expresamente para determinar cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio (Art. 5º, p. 2); pero el congreso de la unión goza de una facultad general respecto de una materia específica y determinada: mediante bases generales debe disponer la manera en que en la república mexicana se respeten y reconozcan esos títulos y se permita a quienes los posean legalmente el ejercicio de su profesión (Art. 121, p. 1).

En los tratados los estados contratantes no pueden asumir la facultad regulatoria de lo que son propiamente los derechos de autor y que, como se ha dicho, en el sistema jurídico mexicano corresponde a las legislaturas de los estados.

Los tratados o convenciones deben estar encaminados a proteger los privilegios a favor de los autores y artistas, pero nunca anularlos o desvirtuarlos.

A través de un tratado o de una convención no se puede alterar la distribución de competencias que entre la federación y los estados ha hecho la constitución; permitirlo supondría admitir que, en contra de lo dispuesto por el artículo 133, aquellos son de idéntica o superior jerarquía que ésta.

Tampoco implica la posibilidad de que su regulación se confiera al congreso de la unión.

Como se ha dicho en otra parte¹, el presidente de la república no puede, a través de un tratado o convención, alterar la distribución de competencias que la constitución hace entre los estados y la federación. Admitirlo sería permitir que una autoridad constituida, con competencia ordinaria, pudiera alterar la constitución.

Dado a que los poderes del Distrito Federal no están facultados para aplicar las leyes relativas a derechos de autor, su aplicación corresponde al presidente de la república, en aplicación de la regla general que se desprende de la fracción IV del apartado B del artículo 122 constitucional.

La facultad reglamentaria de la ley de la materia y su aplicación corresponde a los gobernadores de los estados y al presidente de la república por lo que toca al Distrito Federal.

No obstante, lo anterior, el artículo 2º de la ley federal del derecho de autor de 1996, dispone lo siguiente:

“Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y, en los casos previstos por esta Ley, del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”